Nuevo gobierno en Uruguay
Emilio Martínez
Cardona
Este domingo 1º de
marzo Luis Lacalle Pou asume la presidencia de Uruguay, al frente de una
alianza multipartidista denominada como la “coalición multicolor”, que reúne a
los dos partidos fundacionales del país (el Blanco o Nacional y el Colorado) y
a otras tres fuerzas de creación más reciente (Cabildo Abierto, Partido
Independiente y Partido de la Gente).
Mediante este cambio
de administración seguirá reconfigurándose el balance geopolítico regional, con
el desplazamiento del poder del Frente Amplio, bloque de izquierda otrora
moderado y últimamente hegemonizado por ex tupamaros y comunistas (80% de su
bancada parlamentaria).
La conversión de
signo en Montevideo implicará un aliado menos para el régimen dictatorial de
Nicolás Maduro, que había recuperado posiciones con México, Argentina y España.
Y aunque es previsible que las posturas a asumir por Lacalle se enmarquen en la
tradicional prudencia diplomática uruguaya, también es de esperar que retomen el
principismo democrático algo devaluado bajo la ambigua influencia ejercida por José
Mujica, ya fuera desde la presidencia de la república o desde el liderazgo
partidario.
Lo cierto es que,
aunque tuvieran un perfil más bajo que el alcanzado en otros países, las redes
del “petropoder” venezolano también se extendieron en Uruguay bajo el Frente
Amplio, generando elefantes blancos como el de la fallida regasificadora en el
Río de la Plata. Influencia económica que, con mayor o menor sutileza, venía
asociada a cierta carga de presión política.
Entre las herencias
negativas dejadas por la década y media de gobiernos frenteamplistas hay que
remarcar dos en especial: 1) la crónica inseguridad ciudadana, ligada a una mal
entendida tolerancia por las “causas sociales” del crimen, y 2) la baja en la
calidad educativa de primaria y secundaria, reflejada en las últimas pruebas
PISA; fenómeno donde hay que incluir el adoctrinamiento ideológico que llevó a
poner el rostro del Che Guevara en la tapa de los textos de ciencias
sociales.
Volviendo al campo
internacional, es probable que desde marzo veamos a la cancillería uruguaya
secundando los lineamientos de Luis Almagro en la Organización de Estados
Americanos, en pos de la redemocratización de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Para Bolivia, el
cambio en Uruguay representará la incorporación de un aliado al proceso de
consolidación de la democracia, en clara contraposición con el rol de zapa asumido
por los factores K dentro del gobierno de Alberto Fernández. Y más allá de los
vaivenes político-partidarios, la vía uruguaya es una alternativa inmejorable
para la salida boliviana al Océano Atlántico, siguiendo el “camino de las
aguas” (fluviales) del que hablaba el célebre Memorándum cruceño de 1904.
