jueves, 19 de septiembre de 2019


El nudo gordiano de la corrupción



Emilio Martínez Cardona

Es conocida la leyenda sobre aquel complejo nudo urdido por el rey Gordias en Asia Menor, del que se decía que quien lo desatase podría conquistar el Oriente. El nudo gordiano fue cortado de un tajo por la espada de Alejandro Magno, que así se franqueó los caminos que abrían de llevarlo hasta las cercanías del Indo.

Desde entonces, la expresión “nudo gordiano” ha servido para designar a un problema tan complicado que debe ser resuelto de manera tajante, directa y sin contemplaciones.

En el tema que nos ocupa, la corrupción que ha alcanzado niveles inéditos en los últimos años, el nudo gordiano parecería estar en el esquema de contrataciones directas, sin licitación, instituido por un centenar de decretos y otras normas del gobierno de Evo Morales.

Bajo este sistema discrecional se adjudicaron, por ejemplo, 450 millones de dólares en contratos a Camc, cuando la ex consorte presidencial, Gabriela Zapata, ejercía la gerencia comercial de esa empresa china.

Es sintomático que, sólo en la primera década del régimen, las adjudicaciones directas hayan representado el 63% del presupuesto destinado a obras públicas, y que en el mismo periodo la aplicación de esa modalidad hubiese crecido en un 746%.

Por supuesto que hay otras aristas del problema, como las sobrerregulaciones (cupos, prohibiciones, FES) que obligan a tramitar permisos del Estado y por lo tanto a ponerse bajo el dominio de burócratas extorsivos. O como la dependencia presidencial de las oficinas de transparencia creadas en los últimos 16 años, ya fuesen delegaciones anticorrupción, ministerios o viceministerios. Pero el esquema de contrataciones directas podría ser el nudo clave a cortar si se quiere avanzar de manera decisiva en este plano.

Este es el núcleo de la hiper-corrupción del siglo XXI y es curioso que no sólo el oficialismo haya participado de este sistema, sino también algunos opositores nominales o tardíos, tal vez a la manera en que en Brasil participaron del Lava Jato varios supuestos contrincantes del PT de Lula.

Uno de los casos más relevantes es el de la gerente de campaña de una coalición supuestamente opositora, aunque de marcado continuismo en sus propuestas. De acuerdo a información disponible en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), una empresa manejada por ella recibió 33 contratos gubernamentales por casi 2 millones y medio de dólares, la mayoría por adjudicación directa.

Esto incluye al ominoso Museo de Orinoca, verdadero monumento estalinista al culto de la personalidad, con 1 millón 300.000 dólares para un “guión museográfico”. El asunto es fundamental si es que aspiramos después del 20 de octubre a algo más que a una simple continuidad cleptocrática con intercambios de impunidades.

¿Buscaremos sólo un cambio de rostros o también de modelo? ¿Sabremos ir más allá de la pigmentocracia y superar los problemas de fondo del centralismo, el caudillismo y la discrecionalidad?

viernes, 13 de septiembre de 2019


El Pacto de Achumani

Emilio Martínez Cardona

La oligarquía centralista ayudó a Evo Morales a subir al poder para que bloqueara los impulsos autonomistas en el oriente y sur del país. Pero en los últimos dos años, esa misma élite tradicional lanzó un candidato propio que tiene el cometido de negociar un nuevo cogobierno con el Movimiento Al Socialismo, que refuerce el dominio centralista y la concentración de recursos económicos en tiempos de disminución de la renta gasífera.

Si se lee entre líneas el programa de Comunidad Ciudadana, que incluye una nueva ley de hidrocarburos, y se tiene en cuenta la animadversión de Carlos Mesa hacia el legado de Hormando Vaca Diez, sumando además sus tanteos para un cambio de estatus en el campo de Incahuasi, se deduce que se planea una absorción del IDH en el nivel central.

El borrador de acuerdo incluiría como contrapartida un marco jurídico aún más flexible para la producción cocalera del Chapare, verdadero trasfondo detrás de la propuesta de “abrir el debate” sobre la despenalización de las drogas.      

El proyecto de cogobierno comenzó a esbozarse en febrero de 2018, en una reunión realizada en Achumani entre cierto vicepresidente de mala aritmética y un fallido ex mandatario. La idea era que, ante la pérdida del MAS del electorado de izquierda urbana de clase media, este segmento social sería rearticulado por un segundo partido de discurso “ciudadano”, que manipularía banderas del neomarxismo cultural, cooptando primero y destruyendo después a las plataformas.

Posteriormente, las dos izquierdas (la provincial-populista y la citadina-intelectual) se sumarían en el Parlamento para reconstruir los 2/3 y el bloque hegemónico, en un cogobierno entre masismo A y B, en cualquiera de los dos órdenes posibles.

Para ese objetivo, recientemente se vio desde el masismo light que sería útil una re-estigmatización de Santa Cruz, acusando de manera generalizada a sus sectores productivos por los acuerdos puntuales que realizaron unos cuantos “empresarios amigos” del gobierno, o achacándoles los desastres ambientales en realidad provocados por la colonización de la segunda reforma agraria de Morales.

Esto tendría el cometido de aislar a la burguesía cruceña, reduciendo su capacidad de articulación con otras regiones y evitando la irradiación nacional de un proyecto político propio.

Adicionalmente, los actores del Pacto de Achumani buscarían la división en Santa Cruz, para facilitarle al MAS instalarse como primera fuerza departamental y proceder en las elecciones del 2020 a un copamiento de gobiernos subnacionales, de forma directa o a través de testaferros.

Se trata de un esquema de realpolitik despiadada, donde juegan un lector empedernido de “El Príncipe” de Nicolás Maquiavelo y un admirador del intrigante Casimiro Olañeta (quien fuera realista e independentista de manera simultánea). Quedan poco más de treinta días para sacarse la venda de los ojos.

lunes, 9 de septiembre de 2019


Entorno de Mesa se adjudicó el Museo de Orinoca y otros contratos millonarios



Valdivia integra la dirección nacional de CC y sería la administradora de los fondos de campaña de ese partido. Fue socia de Mesa en PAT. En “Presidencia Sitiada” el ex mandatario la define como su amiga más próxima.

Emilio Martínez Cardona

Una empresa controlada por Ximena Valdivia se adjudicó 26 contratos del Estado durante el gobierno de Evo Morales, sumando un total de 16.351.137 Bs (unos 2 millones 370.000 dólares). La mayoría de ellos (15) por contratación directa, sin licitación. Los contratos principales se dieron después de que el ex presidente Carlos Mesa asumiera la Vocería Marítima.

El mayor de estos contratos, por un monto de 9.091.551 Bs (1 millón 318.000 dólares aproximadamente), tenía por objeto la “implementación del guión museográfico” de la Casa de la revolución democrática y cultural en Orinoca, más conocida como el Museo de Evo Morales en su población natal.

Otros de los contratos se refieren a la propaganda estatal sobre el satélite Túpac Katari, Mi Teleférico, Mar para Bolivia con Soberanía y varias campañas sobre “logros gubernamentales”.

El vínculo Mesa-Valdivia

En el libro “Presidencia Sitiada” (página 76), Carlos Mesa se refiere a Ximena Valdivia como su “amiga más próxima” y de hecho es uno de los personajes más nombrados en esa obra, sólo después de Evo Morales, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hormando Vaca Diez.

Fue gerente general de PAT y accionista de Itaca SRL cuando dicha empresa, conformada también por el ex mandatario, era propietaria de ese canal de televisión.

Acompañó a Carlos Mesa como funcionaria de la Vicepresidencia cuando él ocupaba ese cargo y se desempeñó como Secretaria Privada del Presidente, luego de que Mesa asumiera la primera magistratura.


Actualmente, Valdivia integra la dirección nacional de Comunidad Ciudadana. Se comenta que sería quien administra los fondos de campaña y visita junto al candidato presidencial a los grandes aportantes en las reuniones de recaudación.  

La empresa

La empresa que recibió los contratos millonarios es Cinenómada SRL, oficialmente de propiedad de Juan Carlos Valdivia (hermano de Ximena) y de Freddy Ramos Sánchez. Sin embargo, el control de la empresa está en manos de Ximena Valdivia desde el 2012, a partir de una serie de poderes firmados por los propietarios, que le dieron capacidades similares a las de una gerente general.

Particularmente interesante es el poder 432/2015, del 5 de marzo del 2015, firmado meses después de que Mesa asumiera la Vocería Marítima. En este documento se facultaba a Ximena Valdivia para negociar contratos directos con entidades estatales, señalando la potestad de “Presentar en representación de la sociedad propuestas ante cualquier Ministerio, Viceministerio, Direcciones, Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales y cualquier otra repartición estatal, y/o empresas privadas, pudiendo firmarlas, modificarlas y exponerlas. Participar en licitación, invitaciones directas y cualquier otra forma de contratación…”.

Cinco meses después de firmado este poder, Cinenómada se adjudicaba sin licitación el mencionado contrato para el Museo de Orinoca.
 
Las interrogantes

Teniendo en cuenta que 21 de los 26 contratos fueron adjudicados luego de que el ex presidente Mesa asumiera un alto cargo de Estado como la Vocería Marítima, cabe preguntarse si estaríamos ante eventuales indicios de un favorecimiento a su entorno cercano.

Esta información también pone de relieve la participación del entorno de Mesa en los polémicos esquemas de contrataciones directas implementados en los últimos años, marco en el cual se han dado los grandes casos de corrupción detectados durante los gobiernos de Morales. Algo que refuerza las legítimas sospechas que existen sobre el carácter realmente opositor de la candidatura de Mesa.

Por último, llama la atención que el ex presidente haya propuesto pocos días atrás la transformación del Museo de Orinoca en hospital, si sabía sobre la participación de sus amigos más próximos en ese proyecto.

Ver documentación adjunta del SICOES.



sábado, 7 de septiembre de 2019


Años negros para los bosques



Emilio Martínez Cardona

Que en el año en curso se ha producido un impacto devastador en materia de incendios forestales no hay como minimizarlo, por más que lo intenten los representantes del oficialismo. Tanto por la concentración en tiempo y espacio, como por haberse generado los principales focos de fuego en inmediaciones de varias áreas protegidas.

Todo lo sucedido deja al desnudo la baja capacidad de gestión de crisis del gobierno de Evo Morales, la soberbia que da la espalda al clamor de las regiones, la política de colonización cocalera y la continuidad de una vieja reforma agraria socializante.

Sin embargo, aún así el análisis comparativo con años anteriores es interesante, sobre todo si buscamos indagar las causas de fondo del fenómeno.

Lo cierto es que según la Fundación de Amigos de la Naturaleza (FAN) -una de las instituciones ambientalistas más creíbles del país- en el 2010, 2005 y 2004 se dieron picos de quemas de más de 3 millones de hectáreas anuales. La presencia en el poder del régimen actual en el 2010 podría remitirnos a causas similares a las del 2019, lo que es una parte de la verdad. Pero las grandes quemas del 2004 y 2005 obligan a profundizar las preguntas.

Vamos entonces a los archivos de prensa: de acuerdo a un despacho de la Agencia de Noticias Fides (ANF) del 15 de septiembre de 2004, titulado “Gobierno no aprobó presupuesto para paliar los desastres naturales”, la administración de Carlos Mesa se negó a viabilizar un presupuesto de 50 millones de Bs. destinado a mitigar las inclemencias climáticas, entre ellas importantes incendios forestales, sobre todo en el eje central del país.

“A pesar de existir un fondo que obliga a los gobiernos de turno a destinar el 1,15% para estas emergencias, la actual administración no incorporó dentro del Presupuesto General de la Nación esos recursos”, indicaba el artículo citado.

¿Simple indolencia de uno u otro gobierno, o habrá que ir a las razones estructurales? Entre estas últimas es imposible no detenerse en el centralismo, que aleja el núcleo decisional de la geografía inmediata aquejada por los desastres. ¿Por qué territorios como el de Santa Cruz, con una extensión mayor a la de Alemania, tienen que esperar a una orden lejana -inevitablemente tardía- para pedir la asistencia de un avión bombero?

El absurdo salta a la vista y no parece tener solución posible a menos que se piense en un nuevo modelo de Estado, de tendencia federalista.

Un cambio fundamental que obviamente no puede darse en el marco de un régimen populista-autoritario como el vigente, ni en un gobierno tan débil como andinocentrista como el que –difícilmente, según las tendencias de las encuestas- podría encabezar el mencionado ex mandatario.

No queda más que esperar a que Santa Cruz y otras regiones “periféricas” al centralismo se pongan los pantalones y asuman en la recta final del proceso electoral el liderazgo transformador que corresponde a estos tiempos. Lo demás son cuentos.    



jueves, 29 de agosto de 2019


Bolivia: distorsión estatal del mercado de tierras y crisis forestal


Emilio Martínez Cardona

Aún la reciente oleada de encuestas, realizadas antes del agravamiento de la crisis forestal en la Chiquitania, no ha registrado el impacto negativo que con seguridad tendrá la catástrofe sobre la intención de voto oficialista, lo que podríamos denominar el “Efecto Nerón”, por aquel emperador loco que tocaba su lira entre las llamas de Roma, al que ha llegado a parecerse el actual mandatario en varios aspectos.

Como Nerón, que acusó a los cristianos por el incendio que él mismo provocó o tardó en combatir –de acuerdo a las distintas versiones-, el “emperador” de hoy en día ordena a sus centuriones cargar culpas sobre la oposición, procurando desviarlas de la verdadera responsabilidad.

El Movimiento Al Socialismo impulsó el proceso de colonización en el este de Santa Cruz, motivado por razones tanto clientelísticas como electorales. Operación que llevó al asentamiento, a través de una acelerada dotación de predios por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), de una gran cantidad de “sindicatos campesinos” procedentes de otros ecosistemas y, por lo tanto, sin experiencia en el manejo del bosque chiquitano. Se trata, en cierta forma, de una distorsión del mercado de tierras por injerencia estatal.

Históricamente, todas las reformas agrarias del planeta han conducido a problemas ambientales y la de Evo no será la excepción.*

Es cierto que han existido en años anteriores picos muy graves en materia de incendios forestales, como lo señala un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), que reporta quemas superiores a los 3 millones de hectáreas anuales en el 2010 (régimen populista actual), 2005 y 2004 (“prólogo” al régimen actual: presidencia fallida de Carlos Mesa). Pero no es menos cierto que la intensidad de la presente crisis ha llevado a la pérdida de más de 1 millón de hectáreas en sólo un mes.


Tanto la actual devastación como los fenómenos de años anteriores están ligados, ya sea en su origen o en la negligencia de su combate, con un modelo centralista agotado, donde las decisiones se toman muy lejos de las zonas afectadas, retrasando las posibilidades de reacción y provocando un uso irracional de los recursos.

Una razón más para apostar por un cambio hacia la federalización, reforzando las capacidades económicas y normativas de los gobiernos subnacionales, en este y otros campos.

Por lo pronto, es muy probable que el “Efecto Nerón” se traduzca en un voto castigo al partido cocalero, ocasionando que en el departamento más afectado, Santa Cruz, se concentren aún más los sufragios en torno a la corriente de raigambre autonomista.

*En Brasil, sería interesante investigar un posible nexo entre incendios y zonas de asentamientos del Movimiento Sin Tierra durante la presidencia de Lula da Silva.


viernes, 23 de agosto de 2019


“Voto orgánico” vs control electoral

Emilio Martínez Cardona

Pocos días atrás, el dirigente de una de las principales milicias sindicales del oficialismo, la CSUTCB, anunciaba el “voto orgánico” por el binomio inconstitucional conformado por Evo Morales y Álvaro García Linera.

“Para nosotros el voto más seguro es en el área rural, donde decidimos orgánicamente el apoyo al presidente”, decía Teodoro Mamani, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, remarcando que “vamos a tener dos tercios, eso definitivamente hacemos los cálculos, el campo va a definir para el hermano presidente”.

Las declaraciones de Mamani son toda una confesión de parte sobre el antes llamado voto comunitario, ahora por lo visto rebautizado como “orgánico”.

Se trata, en realidad, de un sufragio coaccionado a punta de chicote, en espacios geográficos alejados de los grandes centros urbanos, donde directamente desaparece el secreto del voto.

Esta es la explicación para esas circunscripciones del realismo mágico, en las que el partido cocalero obtiene apoyos del 90 al 100% del electorado.

Por supuesto que la bravata voluntarista de Mamani de concretar los 2/3 es irrealizable, si comparamos el debilitado caudal de intención de votos del MAS, que parece haber perdido un tercio de su electorado (unos 20 puntos porcentuales menos que en el 2014), por lo cual lo más probable es que en el 2020 estrenemos un Parlamento sin hegemonías.

Pero no por esto se tiene que bajar la guardia. El voto orgánico o comunitario es parte de un fraude estructural ante el cual se debería demandar acción al Tribunal Supremo Electoral.

Otro tema a reclamar al TSE, complementariamente a este de naturaleza territorial, sería el de una auditoría de todos los partidos políticos al sistema informático del Órgano Electoral, teniendo en cuenta lo sensible del área y sobre todo a la masacre blanca operada allí por la presidenta de ese Tribunal, quien descabezó a la dirección técnica encargada del cómputo.

Al margen de estos reclamos, hay algo fundamental que pueden hacer los votantes para ayudar a reducir al mínimo posible las manipulaciones en los recintos de sufragio: concentrar respaldos de manera pragmática en torno al partido opositor que tiene presencia en casi todos los municipios de Bolivia y que cuenta por lo tanto con una mayor capacidad de control electoral.

Por el contrario, hacerlo alrededor de un improvisado club de amigos sin estructura territorial, que probablemente no pueda cubrir siquiera los recintos de las capitales departamentales, sería echar “al agua” una buena parte de la votación opositora.

Recordemos muy bien la frase del dictador Josef Stalin, cuando desmontaba el efímero pluripartidismo de posguerra en Europa del Este y decía burlón que “lo importante no es quiénes votan, sino quién cuenta los votos”. 

De ahí lo planteado en el título: la disyuntiva de fondo el 20 de octubre será entre el voto orgánico y el control electoral, entre la coerción con camuflaje sindical y la transparencia organizada.


viernes, 16 de agosto de 2019


Lecciones de las PASO sobre el pospopulismo

Emilio Martínez Cardona

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina del domingo pasado arrojaron un resultado preocupante: el binomio kirchnerista alcanzó un 47,66% de los votos, frente al 32,09% para el macrismo.

Por supuesto que las PASO no pasan de ser una superencuesta y hay que agradecer que existan, para tener la oportunidad de instrumentar medidas correctivas hasta las elecciones del 27 de octubre.

Sin embargo, la amplitud de la ventaja en favor de la fórmula Fernández-Fernández parece difícilmente remontable, por más que Mauricio Macri pueda acortarla en los próximos meses.

El fenómeno tendrá que ser tomado como una lección para otros países que se plantean la posibilidad de salir del populismo. La pregunta clave es: ¿qué debe venir después, para evitar un pronto retorno de los cleptócratas al poder?

El análisis de la gestión gubernamental de Macri evidencia dos flancos donde se falló, con el común denominador de la tibieza.

Uno fue el de la lucha contra la corrupción, donde si bien la justicia procesó a varios colaboradores de Cristina Fernández de Kirchner y su red de crimen organizado, los mismos operadores del macrismo en los tribunales de Comodoro Py se encargaron de retrasar el juicio contra la ex presidenta, bajo la presunción de que si “el monstruo” concurría a las elecciones de este año habría una polarización favorable a Macri por la vía del voto útil. Craso error.

El otro campo donde primó la tibieza fue el del manejo económico, bajo la premisa de un excesivo gradualismo. La experiencia histórica indica que, cuando hay que “ordenar la casa”, las reformas deben hacerse enérgicamente al inicio de la gestión, para dar tiempo a la recuperación posterior.   

El gobierno de Macri esquivó la reforma del deficitario Estado K, desoyendo a los más prestigiosos economistas liberales de Argentina, quienes le habían propuesto una hoja de ruta para realizar los cambios sin afectar los subsidios a los más pobres. Y recién ahora, después del golpe recibido el domingo, dispuso rebajas impositivas para las pymes, pero acompañadas de un aumento salarial que puede acelerar la espiral inflacionaria.

Extrapolando esta experiencia a Bolivia cabe preguntarse: ¿alguien que ha intercambiado amnistías con Evo Morales en el 2003 y 2018 será el indicado para afrontar la lucha contra la corrupción? ¿Alguien que, además, no transparenta sus cuentas y sobre quien pesan sospechas sobre una presunta participación en el caso Odebrecht?

¿Y la lucha contra el narcotráfico (parte fundamental del combate a la corrupción) podrá hacerse prescindiendo de la DEA, como parece haber sugerido el ex presidente Mesa?

En materia económica, está claro que mantener la multitud de empresas estatales deficitarias, como propone el candidato de marras, significará la perpetuación y posiblemente el agravamiento del desbalance fiscal, que ya llega al 8% del PIB.

La economía boliviana necesita un giro hacia la libertad, empezando por el levantamiento integral de los cupos y prohibiciones de exportación para desatarle las manos al agro cruceño, único motor posible para evitar la desaceleración en los próximos años. 

En suma, la experiencia argentina nos enseña de manera tajante que el populismo no puede ser sustituido por “cualquiera”, a menos que estemos dispuestos a aceptar su rápido y fortalecido regreso.     


sábado, 3 de agosto de 2019


Luchar contra la corrupción, sin hemiplejia 



Emilio Martínez Cardona

En Brasil, el escándalo del Lava Jato ha llevado a prisión tanto al petista Lula da Silva como a uno de los impulsores del impeachment a Dilma Rousseff, Eduardo Cunha. En Perú, ex presidentes de todos los colores políticos acabaron enjuiciados en el caso: desde Ollanta Humala hasta Alejandro Toledo, pasando por PPK y el fallecido Alan García.

Son ejemplos de cómo debe actuar una justicia independiente, sin parcialidades. Pero también se trata de un ejemplo a seguir para la prensa y la ciudadanía en general.

Nos hemos acostumbrado en los últimos años a las investigaciones hemipléjicas, como las que realizaba el desaparecido Ministerio de Transparencia, que solía llevar dos tercios de sus casos contra alcaldes y gobernadores de oposición, y un tercio contra autoridades oficialistas de segundo rango, para aparentar equilibrio.

En esa cultura de la hemiplejia, que se ha extendido a buena parte del sistema político y social, algunas denuncias de corrupción son denostadas como “ataques del imperialismo” y otras, por documentadas que estén, se descartan con el fácil expediente de la “guerra sucia” o las “fake news”.

La lucha por la transparencia debe acabar con las opacidades donde quiera que se encuentren y no dejarse manipular por argumentos extorsivos, del tipo “O nosotros o el caos”, “O nosotros o la dictadura”. Falsas disyuntivas con las que se pretende amordazar el debate democrático y bloquear la indagación de irregularidades, e incluso de comportamientos antiéticos que no necesariamente han sido ilegales, pero que de todas maneras merecen explicación pública.

En gran medida, esta hemiplejia tiene su origen en la desinstitucionalización de la justicia, que se profundizó a extremos vergonzantes durante el actual régimen populista, pero que de hecho comenzó con el nombramiento a dedo desde la presidencia de la república de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de la Judicatura, así como de los fiscales de distrito, en el año 2004.

Si de verdad queremos que este ciclo de injusticia termine tendrá que haber un real cambio de actores, no la perpetuación ni tampoco un simple enroque de aliados.

No basta tampoco la voluntad declarativa de acabar con la corrupción: hay que plantear un paquete de reformas completas y creíbles, que tienen que comenzar por restringir al mínimo posible las adjudicaciones directas en los contratos de obra pública, hasta llegar a la desregulación en múltiples ámbitos de la actividad empresarial.

No cabe esperar tal cosa de quienes evidencian su intención de darle continuidad al asfixiante modelo estatista, sea con el MAS o con demagógicos ropajes antipolíticos y “ciudadanos”. En el primero de los casos, las estructuras burocráticas seguirán creciendo para satisfacer la voracidad de una clientela sindical, mientras que en el segundo se lo hará al gusto de una izquierda oenegeísta y pequeño-burguesa, desplazada del oficialismo en tiempos recientes y en busca de reciclaje.


viernes, 19 de julio de 2019


Investigación sobre el Foro de Sao Paulo

Emilio Martínez Cardona

La semana pasada Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario brasileño y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del vecino país, firmó una petición para la instalación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) encargada de indagar los nexos del Foro de Sao Paulo con las FARC y el narco-régimen de Nicolás Maduro. 

El escritor Olavo de Carvalho, principal ideólogo de la administración Bolsonaro, subrayó la importancia de esa investigación, señalando que es “la cosa más urgente e importante” a ser abordada y remarcando que sería una “misión histórica” a cumplir por el hijo del presidente.

“El Foro de Sao Paulo es más dañino que la pérdida de un trillón de dólares”, enfatizó, comparando la devastación política provocada por el cártel de izquierda populista con el escándalo de corrupción del Lava Jato.

Recordemos que el Foro de Sao Paulo fue creado por el tirano Fidel Castro y por Lula da Silva en 1990, en momentos en que cesaba el financiamiento soviético hacia ciertos partidos de la región y cuando se buscaban fuentes alternativas de sostenimiento para esas fuerzas políticas y, sobre todo, para la dictadura cubana.  

Desde sus inicios, la sombra de los narco-dólares sobrevoló las actividades del Foro, sobre todo por la cercanía demostrada con la citada guerrilla colombiana, y la vigésimo quinta versión de su encuentro anual, a realizarse en Caracas del 24 al 28 de este mes, no estará exenta de esa sospecha.

Pocos días atrás, el ex general del ejército venezolano, Carlos Julio Peñaloza Zambrano, usó su cuenta en Twitter para preguntar: “Foro de Sao Paulo. ¿Quién financia reunión en Venezuela? Son 800 delegados y se estima un promedio de $10 mil por cada uno para cubrir gastos de viaje, hotel, comidas, bar libre, etc. El Foro de Sao Paulo no tiene dinero, pero el narcotráfico y Diosdado, quien es uno de sus capos, sí”.

En efecto, la voz cantante en la convocatoria del XXV Encuentro ha sido precisamente Diosdado Cabello, sindicado de ser el jefe del llamado “Cártel de los Soles”. En declaraciones difundidas por los medios cubanos el pasado martes, Cabello, en su calidad de presidente de la (ilegal) Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, dijo que la reunión “marcará la ruta progresista que necesita hoy la región”

“El máximo representante del ente plenipotenciario venezolano destacó que la cita internacional llega en un momento de gran carga emotiva y significación histórica para el país sudamericano, el cual lucha contra quienes pretenden desestabilizar la institucionalidad”, añade un despacho de Radio Cubana.

Por su parte, la cúpula del ahora “partido” de las FARC ya confirmó su participación en el evento de Caracas, para lo cual solicitó un permiso de salida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También es probable la presencia de una delegación del ELN, la otra organización narco-terrorista de Colombia.

En Bolivia, los partidos fundadores del Foro de Sao Paulo fueron el MAS de Evo Morales y el desaparecido MBL, varios de cuyos ex dirigentes apoyan la candidatura de Carlos Mesa, quien se ha declarado admirador de Lula da Silva en reiteradas ocasiones.

De concretarse la CPI pedida por Eduardo Bolsonaro, habrá que estar atentos a eventuales revelaciones relacionadas con nuestro país.   


sábado, 13 de julio de 2019


El imperio electoral de Lula en Bolivia

Emilio Martínez Cardona

Si alguien todavía consideraba las influencias del Foro de Sao Paulo en la política continental como una extraña ficción, las últimas revelaciones del ex ministro de hacienda de Lula da Silva habrán terminado de despejarle las dudas.

En efecto, Antonio Palocci confesó ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Brasil, que indaga las irregularidades en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cómo el ex presidente desvió cerca de 10 millones de dólares provenientes de sobornos para financiar campañas electorales en Bolivia y Perú.

Dado el periodo citado por Palocci, podría tratarse de las campañas presidenciales de Evo Morales y de Ollanta Humala, del 2005 y 2006, respectivamente. 

El ex ministro de hacienda también detalló el mecanismo por el cual el Partido de los Trabajadores (PT) recibía los pagos ilegales provenientes de Odebrecht y luego era el propio Lula quien decidía su reenvío para apoyar a sus aliados políticos regionales.

Teniendo en cuenta que el BNDES era parte del entramado cleptocrático, y aunque vayamos un poco más allá de la etapa mencionada por Palocci, no estaría de más darle también una mirada a los acuerdos Evo-Lula del 2009, que incluían un crédito de 332 millones de dólares de esa entidad financiera para financiar la polémica carretera por el Tipnis.

Llama mucho la atención que Bolivia siga siendo el único país de la región donde la Fiscalía General del Estado no tiene un acuerdo de cooperación con su par de Brasil para investigar este tema, que ha configurado el mayor caso de corrupción de la historia latinoamericana.

Esto probablemente se deba, en el campo discursivo, a que Morales viene denunciando desde hace varios años el “golpe judicial” contra Lula y declarando su “solidaridad”, aunque en el campo de la realidad todo obedezca más bien a una sugerente alergia a la transparencia.

No parece que tampoco el candidato Carlos Mesa tenga muchas credenciales para impulsar una investigación seria en el tema, si recordamos que hace sólo tres años firmaba una carta de apoyo a Lula junto a Cristina Fernández de Kirchner, y que apenas nueve meses atrás su jefe de campaña, Ricardo Paz, esperaba el triunfo del PT en la segunda vuelta contra Jair Bolsonaro.

Recordemos además que, al margen de esta denuncia concreta de Palocci, la maquinaria del Lava Jato salpicó a través de otros operativos a varios ex mandatarios de distintos países, no necesariamente de la misma filiación política, pero a los que se buscaba volver funcionales hacia los planes hegemónicos del Foro de Sao Paulo.

En cualquier caso, la disyuntiva transparencia vs opacidad es una de las principales en las democracias contemporáneas, más aún en los regímenes híbridos propiciados por el socialismo del siglo XXI y sus colaboradores.

Sería deseable que este asunto concitara mayor atención, tanto en lo que resta de prensa libre en el país como entre las candidaturas de oposición electoralmente viables.


viernes, 5 de julio de 2019


En busca de un nuevo modelo de desarrollo para Bolivia



Emilio Martínez Cardona

Menos rentismo y mayor descentralización como principales recomendaciones. La necesidad de una nueva metodología de medición del desarrollo. La apuesta por la agricultura de precisión con tecnologías de punta. La búsqueda de un tercer “proyecto nacional”, después del Plan Bohan y de la exportación de gas al Brasil. Estos fueron algunos de los tópicos centrales debatidos en el Foro Económico “Visiones del Desarrollo para Bolivia y Latinoamérica”, realizado en el Centro de Convenciones del Hotel Los Tajibos hace algunos meses, con reflexiones totalmente vigentes que vale la pena comentar.
                           
En el evento, organizado con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, disertaron Roberto Laserna, economista e investigador del CERES; y el ex ministro de hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, entre otros invitados especiales.

“Me adscribo a la definición del desarrollo de Amartya Sen, como el proceso de adquisición de mayores libertades. Tenemos que medir el estado del desarrollo de Bolivia desde ese parámetro”, comenzó Laserna, apuntando críticamente a las restricciones estatistas contra la iniciativa privada.

El investigador del CERES profundizó en el análisis sobre los daños estructurales provocados por el modelo rentista a la economía nacional: “La concentración en los recursos naturales de la base exportadora ha vuelto a Bolivia más vulnerable a los ciclos. Al reducirse la diversificación aumenta la dependencia respecto al resto del mundo”.

Para Roberto Laserna, esta trampa del rentismo es “una enfermedad estatal que se contagia a la sociedad”, al desviar esfuerzos de la competencia en el mercado a la política o a la pugna por las rentas públicas.

“El rentismo disocia al Estado de la sociedad, porque solamente le hacen falta al sector público 3 o 4 empresas para descubrir recursos y explotarlos”, remarcó.

Laserna opinó que la concentración productiva y exportadora en pocos sectores es el origen de una “homogeneización del sistema financiero, que aparentemente es fuerte pero que ha perdido especialización”.

“Hay una reducción de la competencia, con una lenta desaparición de las microfinanzas, que van siendo absorbidas por los grandes bancos”, alertó el economista.    

En una breve y provocadora exposición, el ex ministro de hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, afirmó que la exportación de gas al Brasil “fue el verdadero proyecto nacional”, al haber involucrado en su planificación a 5 gobiernos de distinta ideología en un esfuerzo de un cuarto de siglo, de 1974 a 1999. 

“El Plan Bohan y el proyecto de exportación de gas al Brasil fueron los únicos planes que funcionaron en Bolivia”, reiteró.

A la hora de lanzar propuestas de futuro, Medinaceli optó por la incorrección política, señalando la necesidad de “bajarles impuestos a las petroleras” y “levantar subsidios”.

“Las que se necesitan no son decisiones técnicas, sino político-partidarias”, subrayó, añadiendo que un posible camino para superar las trabas a estas medidas sería descentralizar la política energética, tanto a escenarios departamentales como municipales.


jueves, 4 de julio de 2019

Calla admite cifra; la curva declinante de Mesa es innegable

Emilio Martínez Cardona

En un artículo publicado hoy en Página Siete, titulado “Debate: cifras y devaneos electorales (II)”, el sociólogo Ricardo Calla tuvo que admitir el 39% dado por el mismo periódico en diciembre de 2018 a Carlos Mesa como intención de voto, mismo que negó con ligereza en una columna anterior, “Cifras y devaneos electorales”, divulgada el 19 de junio.

Yo había citado ese guarismo en una entrevista de Erbol, comparándolo con encuestas más recientes que dan al candidato de CC alrededor de un 25%, concluyendo la existencia de una evidente curva declinante. Esto provocó el exabrupto del ex ministro de Mesa, quien escribió en el primer artículo: “¿Es que acaso alguna encuesta le dio a Mesa en estos años un potencial de voto presidencial del 39%? ¿De dónde saca esto el apreciado analista?”.

Pues bien, ahora Calla admite el dato, aunque no tiene la hidalguía para reconocer plenamente su error y trata de hablar de un “pico de excepción”. Y aunque esta vez no me alude de manera directa, deja caer con insidia la afirmación de que la opinión sobre la curva declinante provendría de "intelectuales y periodistas afines al MAS".

Quienes me conocen saben sobradamente de mi trayectoria crítica respecto al régimen de Evo Morales, reflejada en ocho libros y centenares de artículos donde he registrado abusos a los derechos humanos de parte de este gobierno. Algo que no puede decirse del postulante defendido por Calla, quien convivió con el régimen por más de una década, desmarcándose de manera muy reciente y tibia.

Para más datos, remito al lector a mi columna anterior, “Ex ministro de Mesa falla en negar las encuestas”, donde el desinformado o desinformante ex funcionario ya había sido puesto en su sitio.   

sábado, 29 de junio de 2019


Los candidatos y la lucha contra los cárteles



Emilio Martínez Cardona

La presencia en Bolivia de mafias organizadas del narcotráfico ya es una realidad innegable, aunque los voceros gubernamentales traten de minimizar el fenómeno, aseverando que no hay cárteles sino “emisarios” y “clanes”.

Semántica aparte, los ajustes de cuentas se multiplican y también la penetración de estas organizaciones en altas esferas estatales, como se demostró con la reciente crisis policial, cuando se descubrieron los vínculos de varios comandantes con capos narcos.

Fue lamentable que en medio de dicha crisis el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se prestara para bailar en el feudo presidencial del Chapare, epicentro de la coca desviada fuera de los mercados legales en más de un 90%, según Naciones Unidas. Y que oyera sin chistar los versos oficialistas sobre el “éxito del modelo antidrogas boliviano”.

El cuadro se enrarece aún más si atendemos a denuncias fundamentadas como las de los periodistas brasileños Leonardo Coutinho y Duda Teixeira, sobre la “ruta del Alba” y la “república de la cocaína”, respectivamente, que complican bastante al régimen de Evo Morales, mostrando serios indicios sobre la existencia de un narcoestado.

Por lo tanto, ya sabemos lo que se puede esperar del binomio inconstitucional presentado por el Movimiento Al Socialismo, que en caso de reelegirse continuaría o profundizaría el preocupante estado de cosas arriba descrito.

¿Cómo estamos, entretanto, en la oposición?

Del lado del ala más tibia, encabezada por Carlos Mesa, se descarta de plano el retorno de la DEA al país, como lo dejó en claro el candidato de Comunidad Ciudadana en una entrevista concedida al periodista Alfredo Miranda en Washington DC. Para la lucha antidrogas el ex presidente sólo cuenta a la ONU y la Unión Europea. También en este tema, por lo visto, prima el continuismo.

Tampoco son muy alentadores sus antecedentes durante su fallido gobierno, cuando cedió a las presiones cocaleras sobre el “cato”, con lo que comenzó el proceso de normalización de cultivos no destinados al tradicional acullico.

Por otra parte, el postulante de la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, sí admite la necesidad de contar con acuerdos de cooperación en la materia “con Estados Unidos, México y la Unión Europea”, aunque priorizando la colaboración con los cinco países con los que Bolivia tiene fronteras.

Lo cierto es que la lucha contra lo que el presidente colombiano Iván Duque ha definido como la “trasnacional de la cocaína” es de carácter global, por lo que es un sinsentido no tener algún grado de coordinación con la principal agencia antidrogas del mundo, que además sirve de puente para viabilizar la cooperación con la mayoría de las demás entidades similares del planeta.

No hacerlo equivale a seguir condenando a Bolivia al aislamiento, el fracaso y la estigmatización internacional.