Maduro privatizador
Emilio Martínez
Cardona
El dictador Nicolás
Maduro acaba de proponer un plan que busca otorgarle mayorías accionarias y
control propietario a grandes trasnacionales petroleras, lo que liquidaría el dominio
monopólico de PDVSA sobre el sector hidrocarburífero de Venezuela. En otras
palabras, privatizaciones.
Por supuesto, la
iniciativa del autócrata viene con trampa, ya que es parte de una estrategia
para procurar un levantamiento, así sea parcial, de las sanciones internacionales
contra su régimen. Las inversiones extranjeras no llegarán mientras el esquema
de sanciones siga igual.
Pero se sabe que
Maduro ya ha estado hablando con Repsol (España), Eni SpA (Italia) y Rosneft
PJSC (Rusia) sobre su plan, que además apunta a una reestructuración de la
deuda de PDVSA.
En cualquier caso, estamos
ante un reconocimiento implícito del desastre que ha significado la gestión
corrupta de esa empresa estatal, que fue pieza clave para el despilfarro de
700.000 millones de dólares realizado por el chavismo a lo largo de la última
década.
Una vez más, queda
en evidencia el resultado ruinoso de los grandes elefantes públicos
socialistas. Y ya sea por desesperación o cálculo, Maduro parece estar entrando
en una “fase Deng”.
Nos referimos a Deng
Xiao Ping, el heredero de Mao que revisó el sistema comunista y permitió las
islas de propiedad que, tiempo más tarde, se multiplicarían convirtiendo a
China en el coloso de economía mixta o capitalismo dirigido que es hoy en día.
Al final, el socialismo termina siendo el camino más largo y accidentado hacia
el capitalismo.
Está claro que el
giro privatizador de Maduro es parte de sus maniobras para permanecer en el
poder, y es de alguna manera una fase superior de la relativa liberalización
económica iniciada con la flexibilidad para la circulación del dólar en
territorio venezolano.
“Sigo yo, pero con
el modelo chino”, se podría sintetizar la nueva fórmula esbozada, que
seguramente contará con cierta ayuda desde la directiva paralela de la Asamblea
Nacional que encabeza Luis Parra.
El desafío, para la
oposición venezolana, es transformar la pequeña brisa de liberalización
económica en vientos de libertad política, condicionando cualquier apertura en
materia de sanciones o de llegada de Inversión Extranjera Directa a objetivos
claros en derechos humanos.
“Inversiones con
democracia” podría ser la fórmula alternativa a impulsar desde el arco opositor.
Algo que exigiría redoblar esfuerzos de diplomacia democrática para incluir el
condicionamiento de las inversiones con pasos reales de apertura política.
La otra variable en
la ecuación opositora es interna y tiene que ver con la necesidad de lo que Diego
Arria ha denominado un “gobierno autónomo” a cargo de Juan Guaidó, que
incorpore como vicepresidente y ministros a referentes fundamentales de la
lucha contra la dictadura chavista, tema que será objeto de un próximo
artículo.
