“Alvarazo” al TSE
Emilio Martínez Cardona
Unas tres semanas atrás, advertíamos desde esta columna
sobre la disputa entre “moderados y jacobinos” en el seno del Órgano Electoral. En los días
siguientes, la prensa prefirió hablar de “institucionalistas y oficialistas”,
reconociendo de todas formas la existencia de la pugna.
Ahora, con la renuncia de la presidenta del Tribunal
Supremo Electoral, Katia Uriona, el conflicto parece entrar en una nueva fase,
a ser resuelta mediante ley desde la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Uriona había tenido un papel destacado en la noche del 21
de febrero del 2016, cuando, obviando las grandes presiones gubernamentales,
habló ante las cámaras de televisión para informar sobre la victoria del NO en
aquella consulta popular.
Desde entonces era una piedra en el zapato del proyecto
prorroguista, y está claro que deben haber mediado importantes amenazas para
alejarla del cargo.
La suerte estaba echada cuando, en una larga entrevista
difundida el fin de semana, el vicepresidente Álvaro García Linera sentenció
que “el TSE no tiene nada que interpretar” sobre la habilitación electoral de
Evo Morales y su persona, “sólo tiene que cumplir lo fallado por el TCP”.
El núcleo duro del régimen había hablado por boca del
segundo mandatario, dejando en claro que la supuesta independencia del Órgano
Electoral como “cuarto poder del Estado” sólo es una más de las tantas
ficciones jurídicas del sistema plurinacional.
Tras la carta de renuncia irrevocable de Uriona, el vice,
quien también preside el Legislativo, señaló que será desde esa instancia que
se procederá a rellenar las acefalías en el Tribunal Supremo Electoral. A pesar
de que éste aún tiene quórum para sesionar, para el oficialismo suena mejor
asegurarse con una mayoría de 5 sobre 7, en vez de mantener la frágil
correlación de 3 sobre 5 vocales subsistente en la actualidad.
De esta manera se consumaría el “Alvarazo” al TSE,
dejando en ínfima minoría a los restantes magistrados “moderados o
institucionalistas”, Dunia Sandóval y Antonio Costas.
Mediante este golpe de Estado al Órgano Electoral, el
re-reeleccionismo blindaría la inconstitucional habilitación del Binomio
Máximo. Pero no sólo eso. Se abriría también la puerta a manipulaciones
significativas en el proceso de los comicios nacionales, retrotrayendo al TSE a
la situación de lamentable sumisión que imperaba en el organismo con su
anterior equipo de vocales, cuando, por ejemplo, se inhabilitó de un plumazo a
228 candidatos opositores en el departamento del Beni, extremo nunca registrado
en los anales del fraude en toda la historia universal.
Si la maniobra se concreta, desaparecerá todo vestigio de
confiabilidad en el arbitraje electoral y nos dirigiremos a un sufragio “a la
venezolana”, donde el hundimiento del oficialismo en la intención de voto sería
compensado a través de múltiples trampas.
Pero antes las calles hablarán, en defensa del mandato
vinculante del 21F. Ojalá que también lo haga la Corte de San José, para
desmontar esa falacia del “derecho humano” a la perpetuación en el poder.
