jueves, 14 de junio de 2018

YPFB, por el mal rumbo de PDVSA

Emilio Martínez Cardona

Días atrás se denunció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sólo tendría utilidades del 3%, recibiendo apenas 250 millones de dólares de margen sobre un total de ingresos de 8.300 millones.

De confirmarse estas cifras, YPFB sería una de las petroleras estatales peor manejadas del continente, sólo superada por el desastre histórico de Petróleos de Venezuela (PDVSA), empresa que en este 2018 estaría por cuadruplicar su déficit, pasando de 2.500 millones de dólares en pérdidas en su gestión anterior a nada menos que 10.000 millones. Así lo revela un estudio de Ecoanalítica y de la Universidad Católica Andrés Bello.

En contraste, las petroleras públicas en manos de gobiernos no populistas exhiben un cuadro de claro crecimiento y recuperación. Es el caso de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que liberada del grupo cleptocrático del lulismo anunció utilidades de 6.961 millones de dólares al primer trimestre de este año. Este es su máximo en todo un lustro.

Igualmente, Petróleos Mexicanos (PEMEX) registró un crecimiento del 29% en sus utilidades, del primer trimestre del 2017 al mismo periodo del 2018, alcanzando los 5.569 millones de dólares.

Estas diferencias de rendimiento no son casuales. Por una parte, tenemos las empresas sometidas al modelo del socialismo del siglo XXI, altamente politizadas y sujetas a un manejo clientelista y prebendal, caracterizadas por una sistemática opacidad en sus contrataciones.

Del otro lado, vemos compañías que han apostado a la modernización, la meritocracia la transparencia y la alianza público-privada. PEMEX, por ejemplo, que en los últimos 4 años atrajo 80.000 millones de dólares en inversiones de 67 empresas, adjudicando decenas de bloques petroleros.        

Esperemos que un eventual gobierno del populista Andrés López Obrador no eche por tierra estos avances, con el habitual despilfarro y degradación institucional que suelen acompañar a ese tipo de administraciones.

En Bolivia vemos una situación muy diferente, a raíz del congelamiento de la exploración de hidrocarburos por una década. Parálisis provocada por el sobreajuste tributario del 2006 que venía a “llover sobre mojado”, sumando nuevos gravámenes adicionales por encima del IDH.

Hasta el momento, la petroquímica estatal también parece ser un bluf, con “exportaciones” de urea al Brasil no registradas en el país receptor y con la apertura de puntos de venta en el feudo de la coca excedentaria del Chapare, algo que abre legítimas interrogantes sobre cuáles serían los cultivos beneficiados con los fertilizantes producidos por la planta de YPFB.

Una reorientación de la política sectorial podría partir de la formación de un grupo de expertos, a través de un Consejo Nacional de Hidrocarburos, como vienen proponiendo desde el año pasado varios entendidos del rubro, sin que hasta el momento el gobierno dé la más mínima muestra de dejarse aconsejar en lo que considera un botín político de uso discrecional.