Un nuevo “caso Ostreicher”
Emilio Martínez Cardona
El lector recordará los abusos judiciales, económicos y
carcelarios sufridos por el empresario estadounidense de origen judío, Jacob
Ostreicher, que condujeron a un escándalo internacional ventilado incluso ante
el Congreso norteamericano.
En aquella ocasión, el atropello llevó a que el
“embajador de la coca” Sean Penn pasara al flanco crítico contra el régimen
evista, y forzó a una limpieza intragubernamental que acabó con la caída en
desgracia del llamado “gabinete de la extorsión”.
El asunto dejó el sabor amargo, además de la consabida
corrupción, de cierto antisemitismo, sobre todo teniendo en cuenta que se
produjo en el marco de un liderazgo que se ha caracterizado por un sesgo
marcadamente contrario al Estado de Israel.
De ahí que sea inevitable atar cabos ante un nuevo “caso
Ostreicher” que parece estar desarrollándose en la actualidad.
Hablamos del israelí-francés David Cabessa, quien
peregrina desde hace años ante cámaras y tribunales en demanda por un operativo
gerencial de una compañía pública que, de acuerdo a su testimonio, no sólo le
habría ocasionado daños económicos de importancia a su propia empresa sino a
todo el Estado boliviano.
Como otros emprendedores, fue víctima del “favoritismo
rentado” que lleva a los convocantes de licitaciones a tener ganadores
predeterminados, en este caso con el agravante de haberse anulado arbitrariamente
una adjudicación previa a su firma, para hacerles campo a los pagadores chinos.
Después de varias cartas a la Presidencia del Estado
Plurinacional (da algo de pena el uso de las mayúsculas), Cabessa consiguió que
se iniciara una investigación a cargo del entonces Ministerio de Transparencia,
que sin embargo resultó ser un mero simulacro.
Las que sí avanzaron fueron las pesquisas privadas del
israelí, que lo condujeron a descubrir una increíble saga de negociados al
interior de la empresa estatal en cuestión, protagonizada por la Máxima
Autoridad Ejecutiva de la compañía.
Revelaciones que no llevaron, como correspondería en un
ordenamiento legal racional, a la suspensión del funcionario sospechado, sino
muy por el contrario, a la imposición de una mordaza judicial contra el
empresario devenido en investigador, a quien un magistrado de la sede de gobierno
le prohibió volver a hablar del tema con la prensa.
Sucede que lo averiguado por el empresario, respecto a
los manejos irregulares del gerente general de marras, incluiría desde la presunta
recepción de inmuebles lujosos como regalo de las compañías beneficiadas por
las licitaciones dirigidas -a la manera del Lava Jato- hasta múltiples casos de
nepotismo con sobrinos, yernos y cuñados del “ejecutivo”, cuya única
calificación para el ejercicio del cargo sería el hecho de ser amigo de
confianza del primer mandatario.
Como es previsible, el asunto llegará a foros
internacionales, única vía demostrada para que el régimen evista corrija en
algo sus abusos, ante el evidente desprecio de los contrapesos internos,
anulados por un sistemático hegemonismo autoritario.