viernes, 4 de mayo de 2018


Un nuevo “caso Ostreicher”

Emilio Martínez Cardona

El lector recordará los abusos judiciales, económicos y carcelarios sufridos por el empresario estadounidense de origen judío, Jacob Ostreicher, que condujeron a un escándalo internacional ventilado incluso ante el Congreso norteamericano.

En aquella ocasión, el atropello llevó a que el “embajador de la coca” Sean Penn pasara al flanco crítico contra el régimen evista, y forzó a una limpieza intragubernamental que acabó con la caída en desgracia del llamado “gabinete de la extorsión”.

El asunto dejó el sabor amargo, además de la consabida corrupción, de cierto antisemitismo, sobre todo teniendo en cuenta que se produjo en el marco de un liderazgo que se ha caracterizado por un sesgo marcadamente contrario al Estado de Israel.

De ahí que sea inevitable atar cabos ante un nuevo “caso Ostreicher” que parece estar desarrollándose en la actualidad.

Hablamos del israelí-francés David Cabessa, quien peregrina desde hace años ante cámaras y tribunales en demanda por un operativo gerencial de una compañía pública que, de acuerdo a su testimonio, no sólo le habría ocasionado daños económicos de importancia a su propia empresa sino a todo el Estado boliviano.

Como otros emprendedores, fue víctima del “favoritismo rentado” que lleva a los convocantes de licitaciones a tener ganadores predeterminados, en este caso con el agravante de haberse anulado arbitrariamente una adjudicación previa a su firma, para hacerles campo a los pagadores chinos.

Después de varias cartas a la Presidencia del Estado Plurinacional (da algo de pena el uso de las mayúsculas), Cabessa consiguió que se iniciara una investigación a cargo del entonces Ministerio de Transparencia, que sin embargo resultó ser un mero simulacro.

Las que sí avanzaron fueron las pesquisas privadas del israelí, que lo condujeron a descubrir una increíble saga de negociados al interior de la empresa estatal en cuestión, protagonizada por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la compañía.

Revelaciones que no llevaron, como correspondería en un ordenamiento legal racional, a la suspensión del funcionario sospechado, sino muy por el contrario, a la imposición de una mordaza judicial contra el empresario devenido en investigador, a quien un magistrado de la sede de gobierno le prohibió volver a hablar del tema con la prensa.

Sucede que lo averiguado por el empresario, respecto a los manejos irregulares del gerente general de marras, incluiría desde la presunta recepción de inmuebles lujosos como regalo de las compañías beneficiadas por las licitaciones dirigidas -a la manera del Lava Jato- hasta múltiples casos de nepotismo con sobrinos, yernos y cuñados del “ejecutivo”, cuya única calificación para el ejercicio del cargo sería el hecho de ser amigo de confianza del primer mandatario.

Como es previsible, el asunto llegará a foros internacionales, única vía demostrada para que el régimen evista corrija en algo sus abusos, ante el evidente desprecio de los contrapesos internos, anulados por un sistemático hegemonismo autoritario.