Odebrecht, OAS y Bolivia
Emilio Martínez Cardona
El caso Lava Jato es un tsunami que ya tumba presidentes
en América Latina. No se trata simplemente de una gran empresa concesionaria de
obras públicas que hubiese usado su poder económico para beneficiarse de
mega-contratos en distintos países.
Es todo un pool de compañías, algunas privadas y otras
estatales, que han funcionado de acuerdo a un esquema de tráfico de influencias
encabezado por el entonces presidente de la República Federativa del Brasil, el
socialista Luiz Inácio Lula da Silva, según las artimañas descritas por Netflix
en la serie “El mecanismo”, ya denunciada por el ex mandatario y su fiel
sucesora Dilma Rousseff.
Hablamos de un pool de al menos cuarenta empresas, reales
o fantasmagóricas, que no sólo intercambiaron sobornos multimillonarios con
gobernantes latinoamericanos sino que también sirvieron de colchón financiero
para las campañas electorales del Partido de los Trabajadores y sus aliados,
intencionales o funcionales.
Hasta el momento, el Lava Jato ha salpicado
principalmente a terceros países, pero era inevitable que recalara en tierras
bolivianas, dado el vínculo notorio entre las administraciones lulista y
evista, evidenciada en numerosas ocasiones.
Sin embargo, los “spin doctors” de la media
pro-oficialista están tratando de enfocar las investigaciones en presidentes de
gobiernos anteriores, en lo que podría interpretarse como una puñalada por la
espalda a quienes han funcionado como agentes de Bolivia en la demanda marítima
ante La Haya.
Ya se trate de un simple desvío de atención o de una
estrategia para neutralizar políticamente a quienes podrían “compartir” un
eventual triunfo diplomático ante la CIJ, lo cierto es que la intoxicación
mediática está evitando con cuidado que se toquen los casos de otras empresas
del pool, como la constructora OAS, que detentaron contratos clave con el
Estado Plurinacional.
Citemos, por ejemplo, a la adjudicación de la polémica
carretera al TIPNIS, arreglo celebrado en persona por Lula y Evo en un mitin
donde el primero además comprometió la financiación del BNDES (Banco Nacional
de Desarrollo Económico y Social) para lo que su adversario José Serra definió
como “la autopista de la cocaína”.
Recordemos también que el ex presidente del Servicio
Nacional de Caminos, José María Bakovic, murió en prisión luego de haber
denunciado en 2011 un sobreprecio significativo en esa carretera, cuyo costo
real debía ser de 200 millones de dólares, pero que fue concesionada por 415
millones.
Como en otros casos, la excusa oficial será que la
arteria aún no ha sido construida y que el contrato con la OAS fue rescindido,
olvidando que esto sólo se produjo después de que mediaran pagos iniciales y de
que las denuncias por presunta corrupción se difundieran ampliamente.
Existen también investigaciones periodísticas como la de Estadâo
(Brasil), que incluye un mensaje donde los ejecutivos de Odebrecht aconsejan a
Lula da Silva usar su influencia sobre Evo Morales para la concreción de un
proyecto petroquímico; así como otro reportaje que subraya la “amistad” entre el
gobernante boliviano y el máximo directivo de la OAS, Augusto César Ferreira e
Uzeda.