Luchar contra la corrupción, sin hemiplejia
Emilio Martínez Cardona
En Brasil, el escándalo del Lava Jato ha llevado a
prisión tanto al petista Lula da Silva como a uno de los impulsores del
impeachment a Dilma Rousseff, Eduardo Cunha. En Perú, ex presidentes de todos
los colores políticos acabaron enjuiciados en el caso: desde Ollanta Humala
hasta Alejandro Toledo, pasando por PPK y el fallecido Alan García.
Son ejemplos de cómo debe actuar una justicia
independiente, sin parcialidades. Pero también se trata de un ejemplo a seguir
para la prensa y la ciudadanía en general.
Nos hemos acostumbrado en los últimos años a las
investigaciones hemipléjicas, como las que realizaba el desaparecido Ministerio
de Transparencia, que solía llevar dos tercios de sus casos contra alcaldes y
gobernadores de oposición, y un tercio contra autoridades oficialistas de
segundo rango, para aparentar equilibrio.
En esa cultura de la hemiplejia, que se ha extendido a
buena parte del sistema político y social, algunas denuncias de corrupción son
denostadas como “ataques del imperialismo” y otras, por documentadas que estén,
se descartan con el fácil expediente de la “guerra sucia” o las “fake news”.
La lucha por la transparencia debe acabar con las
opacidades donde quiera que se encuentren y no dejarse manipular por argumentos
extorsivos, del tipo “O nosotros o el caos”, “O nosotros o la dictadura”.
Falsas disyuntivas con las que se pretende amordazar el debate democrático y
bloquear la indagación de irregularidades, e incluso de comportamientos
antiéticos que no necesariamente han sido ilegales, pero que de todas maneras merecen
explicación pública.
En gran medida, esta hemiplejia tiene su origen en la
desinstitucionalización de la justicia, que se profundizó a extremos vergonzantes
durante el actual régimen populista, pero que de hecho comenzó con el
nombramiento a dedo desde la presidencia de la república de magistrados de la
Corte Suprema y del Consejo de la Judicatura, así como de los fiscales de
distrito, en el año 2004.
Si de verdad queremos que este ciclo de injusticia
termine tendrá que haber un real cambio de actores, no la perpetuación ni
tampoco un simple enroque de aliados.
No basta tampoco la voluntad declarativa de acabar con la
corrupción: hay que plantear un paquete de reformas completas y creíbles, que
tienen que comenzar por restringir al mínimo posible las adjudicaciones
directas en los contratos de obra pública, hasta llegar a la desregulación en
múltiples ámbitos de la actividad empresarial.
No cabe esperar tal cosa de quienes evidencian su
intención de darle continuidad al asfixiante modelo estatista, sea con el MAS o
con demagógicos ropajes antipolíticos y “ciudadanos”. En el primero de los
casos, las estructuras burocráticas seguirán creciendo para satisfacer la
voracidad de una clientela sindical, mientras que en el segundo se lo hará al
gusto de una izquierda oenegeísta y pequeño-burguesa, desplazada del
oficialismo en tiempos recientes y en busca de reciclaje.
