Liberar el agro… o ser una nueva Venezuela
Emilio Martínez Cardona
La actual crisis de la soya es apenas el botón de
muestra de una coyuntura crítica generalizada en toda la producción
agropecuaria, a raíz de la aplicación de una serie de políticas estatales
intervencionistas en el sector.
Particularmente devastadores han sido la prohibición y
los cupos de exportaciones, que han llevado a Bolivia de tener superávit en la
producción de arroz a convertirse en un país importador en ese rubro (40% del consumo
interno).
Algo parecido ha sucedido con el maíz, donde se pasó
de la autosuficiencia a la importación.
En el caso de la soya, la política de cupos obliga a
esperar a que se conozca el resultado de la cosecha para determinar los saldos
exportables, lo que restringe a los exportadores bolivianos a cubrir pequeños
huecos tardíos en el mercado internacional.
Otro sería el cantar si los soyeros pudieran hacer sus
convenios de venta al exterior al inicio de la siembra, de manera temprana,
como hacen los productores del resto del planeta.
Lo cierto es que el dirigismo agrario condenó al país
a una “década perdida”, mientras que, por el contrario, un Paraguay de marco
liberal creció a pasos agigantados.
El gran peligro es que, de persistir las políticas
restrictivas que golpean a la producción, Bolivia podría enfrentarse en un
plazo más bien corto a un desabastecimiento alimentario, siguiendo los pasos de
Venezuela.
Por supuesto, detrás de este marco intervencionista no
sólo hay anteojeras ideológicas obsoletas, sino también el interés de un
empresariado masista (al modo de la boli-burguesía chavista) que se ha hecho a
través de un “capitalismo de amigos” con el oligopolio de las cuotas de
exportación.
Todo este complejo cuadro pasó algo desapercibido mientras
duró el superciclo de los hidrocarburos, pero en el escenario actual una
desaceleración agropecuaria y agroindustrial impactaría de manera más general a
toda la economía boliviana, teniendo en cuenta que no existen otros motores
alternativos.
Ante esto, hay que remarcar que el agro necesita una
agenda de libertad. La eliminación completa de los cupos y prohibiciones de
exportación (no sólo de un 60%, como “generosamente” ha concedido el régimen
evista) sería un primer gran paso.
Pero una propuesta más ambiciosa debería incluir la
propiedad plena de la tierra, minimizando las extorsivas revisiones de la
Función Económica y Social (FES). También la liberación de la innovación
biotecnológica, por más que le pese a cierto socialismo seudo-ambientalista.
Si el oficialismo no parece capaz de llevar adelante
este tipo de transformaciones estratégicas, tampoco se advierte una mejor
predisposición de parte del frente de Carlos Mesa, en cuyo equipo hay ex
ministros que recientemente han dado muestras de seguir anclados en aquel
discurso lamentable del “chip provinciano”, llegando a cuestionar la inclusión
del agro cruceño en la nueva matriz energética nacional. Hay que buscar
alternativas políticas.
Mientras tanto, los productores no han tenido más
remedio que recurrir al discutible expediente del bloqueo, para hacerle saber
al país que los bloqueados son ellos, por el asfixiante intervencionismo
estatal en el agro.
