Odiar la corrupción
Emilio Martínez Cardona
En la reciente presentación de mi libro “Enero Negro”,
realizada en la University of North America en Washington, estuvieron presentes
entre el público los Laprida, padre e hijo, quienes impulsan en México un
proyecto editorial a gran escala para enseñarle a los niños a “odiar la
corrupción”.
La idea de estos editores mexicanos me pareció muy
acertada, como uno de los puntos centrales a ser abordados para una efectiva
lucha contra la cleptocracia, que particularmente carcome a nuestros países
latinoamericanos.
Desde la enseñanza primaria, los niños deberían ser
prevenidos contra prácticas como el cohecho y la colusión, con el mismo énfasis
con el que son aleccionados contra el racismo o el bullying. Sólo cuando
tengamos una generación formada ideológicamente contra la corrupción podremos
enfrentar con éxito este flagelo social.
Por supuesto, el frente educativo es uno de los muchos
ángulos desde los cuales se debe trabajar esta problemática, entre los que
cuento a los siguientes:
Desregulación. El barón de Montesquieu decía que “las leyes inútiles debilitan a las
necesarias”, advirtiendo sobre el peligro de las normativas frondosas. Deben
eliminarse las sobrerregulaciones que dan oportunidades de discrecionalidad a
los funcionarios, facilitando la extorsión y el soborno.
Contrataciones
transparentes.
La práctica de las adjudicaciones directas, tan común en el régimen evista,
debe estar severamente restringida a compras pequeñas o de urgencia, siendo
erradicada de los grandes contratos de obra pública y en general de todas las
contrataciones de las empresas estratégicas del Estado.
Contrapesos
institucionales. La corrupción suele extenderse cuando todos los poderes se concentran en
una sola mano y desaparece lo que los anglosajones denominan el “check and
balance”. Reconstruir la división republicana de poderes es una de las
principales tareas para los próximos años.
Reingeniería de los
organismos de contralor. Es evidente que un Ministerio de Transparencia (ahora degradado a
viceministerio), dependiente de la cabeza del Ejecutivo, no es la instancia más
imparcial para impulsar la lucha contra la corrupción, a la que suele aplicar
la llamada “ley del embudo” (ancha para los oficialistas y angosta para los
opositores). En vez de esto, debería plantearse una Oficina de Transparencia
independiente, conformada mediante mayorías parlamentarias calificadas
superiores a los dos tercios, procedimientos de selección meritocráticos y
supervisión de organismos internacionales como Naciones Unidas y la OEA.
Democracia digital. Mucho se habla sobre el gobierno
electrónico o e-government, como vía para transparentar las cuentas públicas
ante la población. El error estriba en esperar que el rol activo para
efectivizar esta democratización digital provenga de esferas gubernamentales,
cuando en realidad este papel debería ser asumido por la sociedad civil.
Lo cierto es que la lucha contra la corrupción deberá
estar entre las principales ofertas programáticas que las fuerzas alternativas
al régimen populista planteen a la ciudadanía en el 2019.
