Emilio Martínez
Durante años, el MAS se jactó por boca de García Linera de ser el único partido que garantizaba la gobernabilidad social en Bolivia. En realidad, la conflictividad nunca desapareció durante el primer periodo de gobierno de Evo Morales, sino que fue redirigida mediante la polarización oriente-occidente, estimulada desde el poder y muchas veces realimentada torpemente por comportamientos reactivos de la oposición.
Así, los movimientos sociales fueron cooptados o manipulados para enfocar su capacidad combativa contra la burguesía cruceña, estigmatizada como oligárquica. Al producirse un repliegue político en las regiones contestatarias, cuyos principales dirigentes tuvieron que adoptar un bajo perfil obligados por las circunstancias, la tensión reapareció donde siempre estuvo estructuralmente: en las laderas empobrecidas de la hoyada y en diversos puntos del altiplano.
Agotado el discurso gubernamental de confrontación con “la derecha y los separatistas”, que no asoman cabeza por ningún lado, empezó a disiparse la nube de conflictos simbólicos o mediáticos creada por el evismo y los sectores populares comenzaron a ver su cruda realidad económica, signada por los bajos salarios, el desempleo creciente y periódicos brotes inflacionarios.
Los sucesos de los últimos días configuran una experiencia sui generis de lucha de clases: obreros en rebelión contra una nueva capa dominante, creada de la mixtura entre burócratas provenientes de las ONGs, representantes de la incipiente burguesía cocalera y sobrevivientes de la vieja élite paceña.
La única respuesta a mano por parte del gobierno parece ser la intensificación del menú “nacionalizador”, sin que esto parezca proyectar ningún efecto apaciguador sobre las crecientes demandas populares. Por el momento, la recuperación de la autonomía de los movimientos sociales apunta a ser la posibilidad más amplia de contestación democrática al intento de crear un régimen cerrado y hegemónico.
Durante años, el MAS se jactó por boca de García Linera de ser el único partido que garantizaba la gobernabilidad social en Bolivia. En realidad, la conflictividad nunca desapareció durante el primer periodo de gobierno de Evo Morales, sino que fue redirigida mediante la polarización oriente-occidente, estimulada desde el poder y muchas veces realimentada torpemente por comportamientos reactivos de la oposición.
Así, los movimientos sociales fueron cooptados o manipulados para enfocar su capacidad combativa contra la burguesía cruceña, estigmatizada como oligárquica. Al producirse un repliegue político en las regiones contestatarias, cuyos principales dirigentes tuvieron que adoptar un bajo perfil obligados por las circunstancias, la tensión reapareció donde siempre estuvo estructuralmente: en las laderas empobrecidas de la hoyada y en diversos puntos del altiplano.
Agotado el discurso gubernamental de confrontación con “la derecha y los separatistas”, que no asoman cabeza por ningún lado, empezó a disiparse la nube de conflictos simbólicos o mediáticos creada por el evismo y los sectores populares comenzaron a ver su cruda realidad económica, signada por los bajos salarios, el desempleo creciente y periódicos brotes inflacionarios.
Los sucesos de los últimos días configuran una experiencia sui generis de lucha de clases: obreros en rebelión contra una nueva capa dominante, creada de la mixtura entre burócratas provenientes de las ONGs, representantes de la incipiente burguesía cocalera y sobrevivientes de la vieja élite paceña.
La única respuesta a mano por parte del gobierno parece ser la intensificación del menú “nacionalizador”, sin que esto parezca proyectar ningún efecto apaciguador sobre las crecientes demandas populares. Por el momento, la recuperación de la autonomía de los movimientos sociales apunta a ser la posibilidad más amplia de contestación democrática al intento de crear un régimen cerrado y hegemónico.
