Por: Emilio Martínez*
A dos semanas de las elecciones generales de Bolivia, con el cómputo oficial de la CNE casi terminado y con los informes de las misiones de observadores internacionales en mano, es posible relevar algunos datos fundamentales que ponen en duda la transparencia de los comicios realizados el pasado 6 de diciembre.
15% de las mesas sin control electoral opositor
De acuerdo al informe presentado por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), se constató que hubo delegados opositores “presentes en el 84,27% de las mesas observadas, mientras la presencia de observadores fue constatada en tan sólo el 11,55% de los casos”.
Lo que quiere decir, en buen castellano, que más del 15% de las mesas no tuvo un control electoral opositor que evitara abusos de parte de los delegados oficialistas y que en casi el 90% de las mesas no hubo presencia de observadores de otras entidades nacionales e internacionales.
No sería nada raro constatar que ese 15% de mesas sean precisamente aquellas donde la votación por Evo Morales oscila entre el 90 y el 100%.
Una cuantificación simple del posible fraude realizado en esas mesas surge de la comparación con otras, también correspondientes a zonas de “voto duro” del MAS, donde sí hubo control opositor. En esos casos, la votación oficialista osciló entre el 70 y el 80% de los sufragios emitidos.
Por lo tanto, tenemos alrededor de un 20% de votación opositora que podría haber sido escamoteada en las mesas que no contaron con un control electoral independiente al del gobierno.
La ausencia de delegados opositores en esas mesas es atribuible a varios factores: intimidación violenta por parte de los grupos de choque oficialistas que hegemonizan esas zonas, desigualdad de recursos económicos con el partido de gobierno e improvisación de estructuras electorales a pocos meses de los comicios.
3% de las mesas bajo presión del “voto comunitario”
El informe de los observadores europeos también indica que “se reportaron casos de intimidación en el 3% de las mesas observadas, siempre en zonas rurales. (…) Asiento mixto Campo Grande y circunscripciones especiales de Aguayrenda y Capirendita (Tarija), donde se observó intimidación o excesiva intromisión de las autoridades comunitarias. En el departamento de Cochabamba (circunscripciones 26 y 27, Chapare y Carrasco) y en los de Potosí (Tinguipaya, Mariscal Sucre y Yocalla) se observaron a miembros de partidos políticos asumiendo indebidamente funciones de jurados electorales”.
La información constata la persistencia del mal llamado “voto comunitario”, en realidad una violación al secreto del voto por parte de pequeños dictadores sindicales alineados con el partido oficial.
2% del padrón habilitado sin verificación de identidad
Casi 100.000 de los inscritos observados por la Corte Nacional Electoral no llegaron a presentar la documentación probatoria de su identidad antes del 3 de diciembre, cifra que representa un 2% del padrón. Estos inscritos fueron habilitados bajo presión del gobierno, que amenazó con enjuiciar a los vocales de la CNE.
Esa habilitación forzada impidió constatar cuántos de esos casi 100.000 electores corresponden en realidad a fallecidos que “siguen votando” a través de interpósitas personas, a brigadistas venezolanos y cubanos carnetizados irregularmente o a seguidores de Ollanta Humala que pasaron la frontera para votar en localidades del altiplano paceño, según datos divulgados por fuentes del Perú.
En total, las cifras expuestas arrojan serias dudas sobre la transparencia de un 20% de la votación nacional. Eso sin contar el fraude estructural, consistente en la utilización de bienes y recursos públicos para la campaña oficialista, la persecución judicial contra el principal candidato opositor, el abuso de los medios de comunicación estatales y un largo etcétera también señalado por la misión de observadores de la Unión Europea.
El caso del departamento de Oruro, donde el cómputo de la votación tuvo que ser detenido a raíz de la detección de importantes irregularidades, puede ser la punta del iceberg. Para muestra basta un botón: en el pequeño municipio de Curahuara de Carangas, donde sólo hay 2.000 electores habilitados, los datos oficiales de la Corte hicieron aparecer mágicamente 12.000 votos a favor del referéndum para la autonomía indígena propulsado por el oficialismo.
Diez mil votantes fantasmas en una sola localidad es un preocupante indicador de las dimensiones que podría alcanzar la defraudación electoral a escala nacional.
* Escritor y periodista.
