¿Habrían aceptado los Estados Unidos que eventuales simpatizantes de Richard Nixon en gobiernos de terceros países hubieran amenazado con invadir el territorio norteamericano si el presidente impugnado no era reintegrado en el cargo?
Por: Emilio Martínez
Quienes se apresuraron a calificar los recientes sucesos de Honduras como un golpe de Estado quizás deberían rememorar el caso del ex presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, separado de su cargo tras un proceso en el Congreso de ese país a raíz del famoso escándalo de Watergate.
Para los que no conocen o no recuerdan el caso, diremos sucintamente que el 17 de junio de 1972 un grupo de cinco hombres fue detenido tras ingresar de manera clandestina en las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata para robar documentos, pinchar teléfonos e instalar escuchas electrónicas.
La investigación posterior demostró que los “fontaneros”, como se los llamó, eran parte de un equipo de espionaje político vinculado al presidente Nixon, quien buscaba obtener información estratégica de sus adversarios en plena campaña electoral.
La revelación impulsó un proceso en contra del presidente en el Congreso norteamericano, denominado “impeachment”, término que puede ser traducido como impedimento, impugnación o juicio político, aunque su significado literal sea más bien el de “bochorno”.
Se trata de una figura del derecho anglosajón que tiene sus orígenes en el siglo XIV, cuando el parlamento inglés lanzó acusaciones contra el rey por derrochar dineros públicos, avergonzándolo o causándole un “bochorno”.
Una vez que el jefe de Estado ha sido objeto de un impeachment tiene que hacer frente a la posibilidad de ser condenado por una votación del órgano legislativo, lo cual ocasiona su destitución e inhabilitación.
En el caso norteamericano, fueron sometidos a este procedimiento los presidentes Andrew Johnson (1868), el citado Richard Nixon y Bill Clinton (1998-99), este último por el sonado escándalo de la cariñosa becaria Mónica Lewinski. Johnson y Clinton lograron ser sobreseídos, pero no así Nixon, quien optó por dimitir al cargo en agosto de 1974 ante la inminencia de su destitución por parte del Congreso.
Volviendo a Honduras, el impeachment contra el ex presidente José Manuel Zelaya había comenzado la semana pasada, luego de que éste desatara una crisis institucional al incurrir en reiteradas violaciones de la Constitución, las leyes y sentencias judiciales, según lo definiera el Congreso de esa nación centroamericana.
La deriva de Zelaya hacia el autoritarismo se inició en el 2007, a medida que fue estrechando relaciones con Hugo Chávez y comenzó a poner en práctica el método de golpe gradual que el gobernante caribeño ha exportado a varias repúblicas de América Latina, sistema que incluye la persecución a la prensa y un proceso constituyente ilegal como vía para perpetuarse en el poder.
El detonante de la crisis fue, precisamente, la intención de Zelaya de realizar una consulta el pasado domingo 28 de junio, que le permitiría instalar una Asamblea Constituyente, disolver el Parlamento y habilitar su reelección presidencial.
Aunque el Tribunal Supremo Electoral dictaminó que esa consulta era inconstitucional, el depuesto presidente instruyó a las Fuerzas Armadas la distribución de 15.000 urnas para la votación, orden que fue resistida por el Alto Mando militar por tratarse de una instructiva que contravenía la sentencia mencionada.
En respuesta, José Manuel Zelaya destituyó el pasado miércoles al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez. La Corte Suprema de Justicia ordenó restituir a Vásquez en sus funciones y mandó el embargo de las ánforas en los cuarteles, pero el prochavista Zelaya invadió con sus simpatizantes una base militar y retiró las urnas para utilizarlas en la consulta.
Como resultado de estos hechos, una comisión multipartidaria nombrada por el Congreso para investigar al presidente concluyó que éste violó las leyes. Además, pidió al Parlamento que declarara a Zelaya incompetente y le iniciara un proceso legal.
Cabe destacar entre las bases jurídicas de la impugnación que el artículo 239 de la Constitución de Honduras señala que “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”.
De todo lo anterior, se desprende como conclusión que el Parlamento de Honduras actuó para evitar un golpe de Zelaya contra la institucionalidad democrática, votando su destitución por unanimidad y posesionando como nuevo mandatario al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, a quien correspondía asumir el cargo por sucesión constitucional. La decisión contó con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia y del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Ombudsman). Es decir, que el Congreso procedió al impeachment, al “bochorno” de Zelaya.
Hay que agregar que toda esta tensa situación se desarrolló en medio de la presencia de militares venezolanos y nicaragüenses en suelo hondureño, autorizada por el presidente a espaldas del Parlamento, lo que implica que las Fuerzas Armadas de Honduras también habrían actuado en resguardo de la soberanía nacional.
Como era de esperar, el contragolpe dado por las instituciones democráticas al autoritario Zelaya motivó la movilización histérica de Chávez y sus aliados del “socialismo del siglo XXI”, quienes montaron una reunión de emergencia de su versión regional del Pacto de Varsovia (la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA), procurando arropar al discípulo depuesto y amenazando con invadir Honduras para reponerlo en el poder.
De la reunión, que contó con la presencia del dictador cubano Raúl Castro y del ex dictador sandinista Daniel Ortega, salieron sendos pronunciamientos a favor de lo que estas “autoridades morales” definen como democracia hondureña, a la que identifican con Zelaya, y de condena a las acciones del Congreso de ese país, que califican como “golpe de Estado”.
Otro de los que reaccionaron rápidamente ante la alarma dada por el gobernante venezolano fue el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien, para recuerdo de las memorias frágiles, le debe su cargo a las gestiones diplomáticas de Hugo Chávez.
Lo lamentable del caso es que, detrás de los movimientos de estos previsibles alfiles del chavismo, también se haya producido la incomprensión de gobiernos de Europa y de la administración de Barack Obama, quizás por un manejo deficiente de la información o por un reflejo condicionado que confundió la situación actual con coyunturas muy distintas de épocas pasadas.
De regreso a nuestra comparación inicial, una pregunta queda flotando en el viento: ¿habrían aceptado los Estados Unidos que eventuales simpatizantes de Richard Nixon en gobiernos de terceros países hubieran amenazado con invadir el territorio norteamericano si el presidente impugnado no era reintegrado en el cargo?
