Economía popular de mercado
Emilio Martínez
Cardona
Durante toda la
historia de Bolivia, élites político-económicas han utilizado la maquinaria del
Estado para concentrar la riqueza en pocas manos. A veces, esto ha sido
encubierto bajo un discurso seudo-liberal, aunque la práctica de un aparato
público puesto al servicio de unos en detrimento de otros deba recibir en
realidad el nombre de patrimonialismo.
En otras ocasiones,
la concentración de la riqueza por la vía estatal se ha realizado bajo ropajes
socialistas y con supuestos propósitos igualitarios, originando burocracias
todopoderosas y corruptas.
Pero la mayor parte
del tiempo ambos procedimientos se han mezclado, como sucedió en los recientes
14 años, con un gobierno burocrático-estatista que pactaba negociados con
grandes grupos económicos.
Los mecanismos
utilizados iban desde las concesiones restringidas a muy pocas empresas hasta
la expropiación de pequeños y medianos emprendedores, pasando por las reglas
desiguales y la captura de los órganos reguladores.
Y siempre, las
víctimas de ese estado de cosas han sido los ciudadanos de a pie, que se vieron
obligados a construir una economía paralela, fuera de las reglas opresivas del
Estado y al margen de la institucionalidad formal.
Hoy en día, el 70%
de la economía de Bolivia pertenece al llamado sector informal, una economía
popular de mercado en la que millones de ciudadanos practican el libre
intercambio de bienes y servicios, desplegando su iniciativa y creatividad.
Sin embargo, nunca
el sistema político interpretó y recogió esta realidad elemental, siendo una de
las causas fundamentales por las que el enorme potencial de creación de riqueza
que duerme en esa economía popular no ha podido ser despertado.
Despertar ese
potencial requiere mecanismos de seguridad jurídica accesibles para todos los
ciudadanos; un régimen de concesiones basado en el derecho natural,
reconociendo formalmente lo que de hecho está en manos de los ciudadanos desde
tiempo atrás; facilitar y promover la creación de nueva propiedad privada en
manos de los ciudadanos que aún no han podido desarrollarla, mediante la
educación productiva; y romper los esquemas ideológicos tradicionales para dar
paso a una amplia experiencia de capitalismo popular.
En suma, construir
un nuevo modelo económico, ajeno tanto a la oligarquía burocrática como al capitalismo
de camarilla.
Para despertar el
capital popular dormido debe dotárselo de reconocimiento legal, mediante
programas de titulación de la propiedad inmobiliaria urbana, dando propiedad
privada a los campesinos e indígenas, plasmando en concesiones claras y de
largo plazo los derechos económicos de ciudadanos que operan en el sector
informal, protegiendo el derecho de las cooperativas y los mineros libres a
explotar el fruto de sus descubrimientos, y construyendo un nuevo sistema
tributario que facilite la formalización.
Manipulados con
pequeñas prebendas durante años por el poder burocrático del MAS, los
emprendedores populares también han sido ignorados –o incorporados muy
secundariamente- por los demás partidos, cuando la articulación de un proyecto político
que los tenga por eje debería ser vertebral para la construcción de una nueva
democracia.
