Emilio Martínez*
El análisis de las declaraciones y resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante su cuadragésimo periodo de sesiones celebrado del 6 al 8 de junio en Lima, Perú, arroja como una de las conclusiones el creciente aislamiento de los países integrantes de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) dentro del sistema interamericano.
A pesar de la funcionalidad exhibida en varios momentos por el Secretario General del organismo, José Miguel Insulza, hacia la alianza encabezada por el coronel Hugo Chávez, la institucionalidad interamericana parece haber ido en un paulatino proceso de alejamiento de ciertas posturas adoptadas por los regímenes del eje “bolivariano” (tampoco habría que descartar el efecto que pueda tener sobre el Secretario General el reciente cambio de gobierno en Chile).
Esto es patente en todas las resoluciones referidas a los derechos humanos, que no contaron con la aprobación de Venezuela ni de Nicaragua. Por el contrario, el gobierno de Chávez interpuso feroces comentarios a pie de página, tanto en las “Observaciones y Recomendaciones al Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” como en la resolución sobre “Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos en seguimiento de los mandatos derivados de las Cumbres de las Américas”.
En estos comentarios al pie se afirma que la CIDH se ha convertido “en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en deslegitimar la Revolución Bolivariana y Socialista que encabeza el Presidente Hugo Chávez Frías”. Los comentarios condenan un supuesto “carácter inexacto, malintencionado y falso de las afirmaciones y recomendaciones”, incluyendo “el peso excesivo que coloca (la CIDH) en las fuentes hemerográficas” (!), es decir, en la prensa.
“El Estado venezolano ha perdido sus esperanzas de que la Comisión retome la sindéresis (!!) y demuestre su nivel de compromiso con los derechos humanos”, agrega la delegación venezolana. Por su parte, Nicaragua considera que “los trabajos de la Comisión y por ende sus recomendaciones no deben ser utilizadas como un instrumento de presión política en contra de algunos Estados”.
Un segundo grupo de resoluciones y declaraciones problemáticas para los gobiernos del ALBA son las referidas a la No Proliferación de armas de destrucción masiva (nucleares y otras) y la limitación de los armamentos convencionales. El énfasis puesto por la Asamblea General de la OEA en estos temas debe leerse en el contexto de crecientes denuncias sobre una posible provisión de uranio de Venezuela y Bolivia al polémico programa nuclear iraní, así como de una incipiente carrera armamentista en la región, incluyendo casos en que ciertos Estados estarían desviando parte de sus compras de armas para pertrechar a grupos terroristas como Hezbollah y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cabe recordar que en el año 2009 el vicecanciller de Israel, Danny Avalon, participó en la anterior Asamblea General de la OEA, realizada en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, donde puso de manifiesto la preocupación de su gobierno por indicios sobre abastecimiento de uranio venezolano y boliviano al régimen fundamentalista de Teherán, así como por la presencia de Hezbollah en la región.
Teniendo en cuenta este marco previo, cobra relevancia que la Asamblea aprobara la declaración sobre “Paz, seguridad y cooperación en las Américas”, donde se destaca “la importancia de continuar promoviendo en el Hemisferio un ambiente propicio para el control de armamentos, la limitación de armas convencionales y la no proliferación de armas de destrucción en masa”. De la misma forma, se aprobó una resolución sobre “Desarme y No Proliferación en el Hemisferio”.
Otra de las declaraciones de la cuadragésima Asamblea de la OEA brinda su “Apoyo a la implementación a nivel hemisférico de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, donde se establece que “todos los Estados deben abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y de sus sistemas vectores”.
Las posturas del eje “bolivariano” sufrieron también un revés respecto al sistema interamericano de defensa, estructura que han buscado sustituir infructuosamente por un mecanismo de coordinación militar subcontinental que excluya a los Estados Unidos. Muy por el contrario, la Asamblea aprobó una declaración en “Apoyo a las actividades de la Junta Interamericana de Defensa (JID)”, donde se insta “a los Estados Miembros de la OEA que aún no forman parte (…) a que adquieran la condición de miembros de la JID”.
La declaración alienta a la JID a que “siga brindando pronta asistencia técnica, consultiva y educativa, en temas relacionados con asuntos militares y de defensa a los Estados Miembros que lo soliciten” y a “continuar fortaleciendo sus canales de comunicación con la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH)”. Asimismo, se alienta “a los Estados Miembros a que fortalezcan y apoyen a la JID proporcionando personal militar y funcionarios civiles” y a promover “la participación en los cursos académicos y seminarios avanzados que ofrece el Colegio Interamericano de Defensa”.
Otra resolución que provocó escozor en el bloque del ALBA es aquella por la cual la OEA “Hace suya la Estrategia Hemisférica sobre Drogas”, aprobada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Esta aprobación contó con el desacuerdo del gobierno sandinista de Daniel Ortega, de Nicaragua, que declaró no estar de acuerdo “con el lenguaje imperativo empleado”, considerando que ello “contradice el principio de respeto a la soberanía de los Estados”.
La mencionada Estrategia señala que los Estados adopten “medidas de descentralización de las políticas públicas sobre drogas”, desarrollen e implementen “políticas nacionales sobre drogas basadas en evidencias, permitiendo la comparación de datos entre países” y promoviendo “evaluaciones periódicas e independientes de sus políticas, programas e intervenciones”.
La Estrategia insta a los Estados a llevar “a cabo acciones de reducción de la oferta” de drogas, adoptando “medidas de desarrollo alternativo integral y sostenible (…) dada su importancia para la reducción de cultivos ilícitos”. Añade que “Es necesario promover acciones para reducir las consecuencias negativas que sobre el medio ambiente ocasiona el problema mundial de las drogas” (ya manifestado en los parques nacionales y áreas protegidas de Bolivia).
Entre las medidas de control recomendadas están la “fiscalización efectiva de precursores y sustancias químicas esenciales para evitar su desvío a actividades ilícitas” y el fortalecimiento de “los organismos nacionales de control del tráfico ilícito de drogas”.
La Estrategia indica que “Uno de los principales objetivos en la represión del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos debe ser el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo”, para lo cual recomienda la “cooperación en investigaciones criminales, procedimientos de investigación, recolección de evidencias e intercambio de información entre los países” (ruta contraria a la tomada por el gobierno boliviano, que expulsó a la agencia antidrogas norteamericana, DEA).
Un dato anecdótico, pero que también da cuenta de la pérdida de terreno del bloque pro-chavista en la OEA, es que la resolución sobre “Cambio climático en los países del hemisferio” no incluye mención alguna a la Cumbre de Tiquipaya, organizada por la administración de Evo Morales y en buena medida financiada por el gobierno de Venezuela.
Finalmente, hay que destacar otra resolución, que insta a promover la participación no gubernamental en la Organización de Estados Americanos. Bajo el nombre de “Promoción y fortalecimiento de la democracia: seguimiento de la Carta Democrática Interamericana”, se encomienda “al Consejo Permanente que convoque a una sesión extraordinaria con la participación más amplia de todos los sectores de la sociedad, incluidas las organizaciones de la sociedad civil”, a fin de recoger sus aportes sobre la aplicación de la mencionada Carta.
Esta es una puerta abierta para que desde la sociedad civil se pueda balancear el monopolio de la opinión que han tenido hasta ahora los gobiernos, en lo que respecta a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Una ruta de acción inteligente que deberían tomar los actores que interpelan el rumbo autoritario de varios regímenes latinoamericanos.
*Escritor y analista político.
El análisis de las declaraciones y resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante su cuadragésimo periodo de sesiones celebrado del 6 al 8 de junio en Lima, Perú, arroja como una de las conclusiones el creciente aislamiento de los países integrantes de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) dentro del sistema interamericano.
A pesar de la funcionalidad exhibida en varios momentos por el Secretario General del organismo, José Miguel Insulza, hacia la alianza encabezada por el coronel Hugo Chávez, la institucionalidad interamericana parece haber ido en un paulatino proceso de alejamiento de ciertas posturas adoptadas por los regímenes del eje “bolivariano” (tampoco habría que descartar el efecto que pueda tener sobre el Secretario General el reciente cambio de gobierno en Chile).
Esto es patente en todas las resoluciones referidas a los derechos humanos, que no contaron con la aprobación de Venezuela ni de Nicaragua. Por el contrario, el gobierno de Chávez interpuso feroces comentarios a pie de página, tanto en las “Observaciones y Recomendaciones al Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” como en la resolución sobre “Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos en seguimiento de los mandatos derivados de las Cumbres de las Américas”.
En estos comentarios al pie se afirma que la CIDH se ha convertido “en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en deslegitimar la Revolución Bolivariana y Socialista que encabeza el Presidente Hugo Chávez Frías”. Los comentarios condenan un supuesto “carácter inexacto, malintencionado y falso de las afirmaciones y recomendaciones”, incluyendo “el peso excesivo que coloca (la CIDH) en las fuentes hemerográficas” (!), es decir, en la prensa.
“El Estado venezolano ha perdido sus esperanzas de que la Comisión retome la sindéresis (!!) y demuestre su nivel de compromiso con los derechos humanos”, agrega la delegación venezolana. Por su parte, Nicaragua considera que “los trabajos de la Comisión y por ende sus recomendaciones no deben ser utilizadas como un instrumento de presión política en contra de algunos Estados”.
Un segundo grupo de resoluciones y declaraciones problemáticas para los gobiernos del ALBA son las referidas a la No Proliferación de armas de destrucción masiva (nucleares y otras) y la limitación de los armamentos convencionales. El énfasis puesto por la Asamblea General de la OEA en estos temas debe leerse en el contexto de crecientes denuncias sobre una posible provisión de uranio de Venezuela y Bolivia al polémico programa nuclear iraní, así como de una incipiente carrera armamentista en la región, incluyendo casos en que ciertos Estados estarían desviando parte de sus compras de armas para pertrechar a grupos terroristas como Hezbollah y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cabe recordar que en el año 2009 el vicecanciller de Israel, Danny Avalon, participó en la anterior Asamblea General de la OEA, realizada en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, donde puso de manifiesto la preocupación de su gobierno por indicios sobre abastecimiento de uranio venezolano y boliviano al régimen fundamentalista de Teherán, así como por la presencia de Hezbollah en la región.
Teniendo en cuenta este marco previo, cobra relevancia que la Asamblea aprobara la declaración sobre “Paz, seguridad y cooperación en las Américas”, donde se destaca “la importancia de continuar promoviendo en el Hemisferio un ambiente propicio para el control de armamentos, la limitación de armas convencionales y la no proliferación de armas de destrucción en masa”. De la misma forma, se aprobó una resolución sobre “Desarme y No Proliferación en el Hemisferio”.
Otra de las declaraciones de la cuadragésima Asamblea de la OEA brinda su “Apoyo a la implementación a nivel hemisférico de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, donde se establece que “todos los Estados deben abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y de sus sistemas vectores”.
Las posturas del eje “bolivariano” sufrieron también un revés respecto al sistema interamericano de defensa, estructura que han buscado sustituir infructuosamente por un mecanismo de coordinación militar subcontinental que excluya a los Estados Unidos. Muy por el contrario, la Asamblea aprobó una declaración en “Apoyo a las actividades de la Junta Interamericana de Defensa (JID)”, donde se insta “a los Estados Miembros de la OEA que aún no forman parte (…) a que adquieran la condición de miembros de la JID”.
La declaración alienta a la JID a que “siga brindando pronta asistencia técnica, consultiva y educativa, en temas relacionados con asuntos militares y de defensa a los Estados Miembros que lo soliciten” y a “continuar fortaleciendo sus canales de comunicación con la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH)”. Asimismo, se alienta “a los Estados Miembros a que fortalezcan y apoyen a la JID proporcionando personal militar y funcionarios civiles” y a promover “la participación en los cursos académicos y seminarios avanzados que ofrece el Colegio Interamericano de Defensa”.
Otra resolución que provocó escozor en el bloque del ALBA es aquella por la cual la OEA “Hace suya la Estrategia Hemisférica sobre Drogas”, aprobada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Esta aprobación contó con el desacuerdo del gobierno sandinista de Daniel Ortega, de Nicaragua, que declaró no estar de acuerdo “con el lenguaje imperativo empleado”, considerando que ello “contradice el principio de respeto a la soberanía de los Estados”.
La mencionada Estrategia señala que los Estados adopten “medidas de descentralización de las políticas públicas sobre drogas”, desarrollen e implementen “políticas nacionales sobre drogas basadas en evidencias, permitiendo la comparación de datos entre países” y promoviendo “evaluaciones periódicas e independientes de sus políticas, programas e intervenciones”.
La Estrategia insta a los Estados a llevar “a cabo acciones de reducción de la oferta” de drogas, adoptando “medidas de desarrollo alternativo integral y sostenible (…) dada su importancia para la reducción de cultivos ilícitos”. Añade que “Es necesario promover acciones para reducir las consecuencias negativas que sobre el medio ambiente ocasiona el problema mundial de las drogas” (ya manifestado en los parques nacionales y áreas protegidas de Bolivia).
Entre las medidas de control recomendadas están la “fiscalización efectiva de precursores y sustancias químicas esenciales para evitar su desvío a actividades ilícitas” y el fortalecimiento de “los organismos nacionales de control del tráfico ilícito de drogas”.
La Estrategia indica que “Uno de los principales objetivos en la represión del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos debe ser el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo”, para lo cual recomienda la “cooperación en investigaciones criminales, procedimientos de investigación, recolección de evidencias e intercambio de información entre los países” (ruta contraria a la tomada por el gobierno boliviano, que expulsó a la agencia antidrogas norteamericana, DEA).
Un dato anecdótico, pero que también da cuenta de la pérdida de terreno del bloque pro-chavista en la OEA, es que la resolución sobre “Cambio climático en los países del hemisferio” no incluye mención alguna a la Cumbre de Tiquipaya, organizada por la administración de Evo Morales y en buena medida financiada por el gobierno de Venezuela.
Finalmente, hay que destacar otra resolución, que insta a promover la participación no gubernamental en la Organización de Estados Americanos. Bajo el nombre de “Promoción y fortalecimiento de la democracia: seguimiento de la Carta Democrática Interamericana”, se encomienda “al Consejo Permanente que convoque a una sesión extraordinaria con la participación más amplia de todos los sectores de la sociedad, incluidas las organizaciones de la sociedad civil”, a fin de recoger sus aportes sobre la aplicación de la mencionada Carta.
Esta es una puerta abierta para que desde la sociedad civil se pueda balancear el monopolio de la opinión que han tenido hasta ahora los gobiernos, en lo que respecta a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Una ruta de acción inteligente que deberían tomar los actores que interpelan el rumbo autoritario de varios regímenes latinoamericanos.
*Escritor y analista político.
