lunes 31 de mayo de 2010

PARA ANALISTAS, EL MINISTERIO DE GOBIERNO ES EL TALÓN DE AQUILES DE EVO

La Paz, 30 May. (ANF).- La elección y el desempeño de los titulares en el Ministerio de Gobierno se constituyeron en una debilidad estructural durante los cinco años de gobierno del presidente Evo Morales y la causa de decisiones polémicas que tuvieron desenlaces violentos al momento de resolver la conflictividad social en el proceso de implementación del “proceso de cambio”, según analistas políticos.

Tras que el Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y su Viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, comparecieran ante la Comisión de Defensa y Fuerzas Armadas, varios analistas coincidieron en que los encargados de esa cartera de Estado por Morales carecieron de competencias y vocación para manejar la seguridad de Estado en tiempo de paz.

Para el escritor Emilio Martínez la forma de llevar el área de Régimen Interior que eligió el MAS corresponde a un gobierno de facto antes que a uno democrático y para el politólogo Marcelo Varnoux el MAS no tiene una línea de gestión de conflictos sociales. Mientras que para el analista Erick Fajardo “radicales y fierreros” fueron elegidos para administrar un área neurálgica en la relación gobierno-ciudadanía. Por lo tanto coincidieron en señalar que el talón de Aquiles del gobierno de Evo Morales es el Ministerio de Gobierno.

Para el autor de “Ciudadano X”, en democracia la resolución de conflictos debe procesarse mediante diálogo y no represión, pero el gobierno de Evo Morales reincidió en las mismas prácticas de anteriores administraciones, apelando al uso desmedido de fuerza de Estado para resolver problemas sociales.

“Los principales hitos de conflictividad social, y su siempre trágico desenlace, son resultado de la forma de administrar el conflicto que adoptó el gobierno de Morales, identificando las demandas sociales como brotes de desestabilización y aplicando la represión de Estado”, dijo.

“Los ministros de gobierno nombrados por Morales, como Alicia Muñoz, Alfredo Rada y Sacha Llorenti, tienen responsabilidad por acción u omisión en las muertes de Huanuni, Cochabamba, Arani, Villamontes, La Calancha, Porvenir y Caranavi; una lista demasiado larga para ser pasada por alto”, explicó.

Para Erick Fajardo, en la lógica de poder del MAS no existe una cultura institucional, ni una cultura política de paz, dado que el conflicto es su método de hacer política.

“Una relación equilibrada entre Estado y sociedad civil está definida por la manera en que un gobierno decide manjar los conflictos y por la gente que escoge para esa responsabilidad y, si partimos de que siempre se busca atender y resolver las demandas sociales sin represión, creo que las elecciones del presidente Morales fueron pésimas”, explicó.

Aseguró que la “refundación” no pasó de ser una reforma, pero el ala radical del MAS insiste en definirla como una “revolución” y en esa lógica usa a Régimen Interior en la lógica de aparato de represión estatal.

“El gobierno ha definido que existe un frente interno o “enemigo interno” y a partir de esa premisa convirtió al área de Interior en un “ministerio de guerra” y al viceministerio de Régimen Interior en un “servicio secreto”, a cargo de grupos paraestatales y espionaje”, agregó.

“NO HAY GESTIÓN DE CONFLICTOS”

Para el presidente de la Asociación Boliviana de Ciencia Política, Marcelo Varnoux Garay, hay dos ámbitos de actuación del actual gobierno: La gestión de gobierno y la gestión política.

“Creo que la gestión política, todos estos procesos (referendos, elecciones) que se han dado desde el 2006 y los conflictos con las regiones, el gobierno los ha administrado bastante bien, para impulsar y concretar su proceso de cambio”, explicó.

“Pero por poner énfasis en lo político ha descuidado la gestión pública de manera dramática. Toda la estructura del gobierno sirve para sustentar la línea discursiva de Morales y así no hay una línea de gestión pública que lo pueda distinguir de otros gobiernos de manera exitosa”, agregó.

Para Varnoux, la ventaja del MAS en estos cuatro años, hasta las elecciones de abril, es que tuvo una oposición cívica y regional que de alguna manera justificaba sus excesos políticos, ocultando y disimulado su deficiencia en gestión pública.

“Uno de esas deficiencias es el manejo de conflictos. Lo ocurrido en Caranavi desnudó que el gobierno no tiene una línea de gestión de conflictos sociales desde el punto de vista democrático, es decir que sus métodos no se diferencian en nada de los de Sánchez de Lozada”, aseguró.

“Se ve el mismo uso abusivo de la fuerza, la coerción, aprehensiones forzadas, arbitrariedades, todo porque no tienen capacidad de enfrentar en términos ideológicos estos conflictos que son muy comunes, que han ocurrido siempre y que marcan la dinámica de la historia del país”, añadió.

“Hemos retrocedido del concepto de prevención del conflicto al de prevalencia del gobierno por la vía del aplastamiento del enemigo interno, es decir que hemos retrocedido cincuenta años en el manejo de la seguridad de estado”, aseguró.

“Un hecho insólito es que el Gobierno negocie con quienes ajusticiaron a los policías para que les entreguen los cuerpos, eso en ninguna parte del mundo se ha dado y eso es insólito y cruel”, concluyó.

MINISTROS DE GOBIERNO DE EVO

Alicia Muñoz Alá (2006-2007). Ex militante del Partido Comunista (PCB). Estuvo a cargo del conflicto de Yungas de Vandiola donde la Fuerza de Tarea Conjunta disparó contra cocaleros de línea no oficialista en tareas de erradicación provocando tres muertos.

Dejó el cargo tras el conflicto de “enero negro” de 2007 en Cochabamba, donde destituyó, sin reemplazo, al Comandante Departamental de Policía (8 de enero), permitiendo que sindicatos de cocaleros incendiaran la Prefectura de Cochabamba y en los días sucesivos se enfrentaran violentamente con grupos citadinos produciendo tres muertes y cientos de heridos. Fue imputada por el Fiscal General de la Nación junto a otras autoridades de ese tiempo.

Fue su viceministro de Régimen Interior el ex militante de la izquierda radical Rafael Puente Calvo, acusado de haber permitido la fuga del país de los supuestos asesinos de Cecilia Cubas, hija del ex Presidente de Paraguay.

Alfredo Rada (2007-2009). Ex dirigente universitario de línea trotskista. Estuvo a cargo de la represión en La Calancha, durante la Asamblea Constituyente, con saldo de tres civiles muertos y del bullado operativo hotel Las Américas, donde un grupo especial de seguridad no identificado cobró la vida de tres extranjeros acusados de terrorismo.

El MAS lo responsabilizó por la no detención del líder de la fuerza opositora PPB-CN, Manfred Reyes Villa, antes que dejara el país en diciembre de 2009.

Sacha Llorenti (2010). Ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia y ex viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales. Estuvo a cargo del conflicto de Caranavi y asumió responsabilidad por haber ordenado ejecutar el operativo de intervención, en esa población se registraron dos muertos.

http://www.noticiasfides.com/node/499692

sábado 22 de mayo de 2010

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ENCRUCIJADA

Emilio Martínez

La situación de los derechos humanos en Bolivia se ha agravado en varias áreas durante los últimos años. Un documento de referencia importante es el informe emitido en marzo pasado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado norteamericano, con un balance correspondiente al año 2009.

El informe subraya la existencia de ejecuciones ilegales (caso Hotel Las Américas), torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos amparados en la mal llamada “justicia comunitaria” y amenazas a la libertad de prensa.

En el acápite dedicado a la “Privación arbitraria o ilegal de la vida” se indica que las fuerzas de seguridad mataron a tres presuntos terroristas internacionales que según la oposición “fueron reclutados por el propio gobierno o rápidamente infiltrados”. Se acota que el presidente Evo Morales rechazó los pedidos de los gobiernos de Hungría, Irlanda y Croacia para llevar a cabo una investigación internacional del caso.

El informe es particularmente duro en lo que respecta a la “justicia comunitaria”, a la que define como una “violencia de turbas que a menudo conduce a muertes violentas”. Se reportan 14 casos de estos hechos a lo largo del año pasado.

El documento agrega que “no hay avances en la investigación de las muertes ocurridas en septiembre de 2008 en Porvenir y Cobija, cuando 11 individuos murieron en la confrontación entre una marcha de campesinos y ciudadanos de Porvenir, y otros dos fueron asesinados al día siguiente cuando fuerzas de seguridad tomaron el aeropuerto de Cobija”.

Se refiere la existencia de un video que muestra la toma de rehenes por parte de los marchistas, los intentos de los ciudadanos de Porvenir por disuadir mediante el diálogo la entrada de los campesinos en esa localidad, las fallas en la actuación de la Policía y el fuego cruzado entre ambos bandos.

En materia de “Torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” se reportan abusos de las fuerzas de seguridad en el denominado “caso Rozsa”, sobre la base de fotografías que muestran heridas en el cuerpo y el rostro de los detenidos Elod Toaso y Mario Tadic.

Otro caso consignado es el ataque sufrido por Jeniffer Wissemberg, esposa del general César López, quien sufrió daños severos en sus ojos por una brutal agresión de desconocidos luego de que su marido inculpara al ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el caso de contrabando de los 33 camiones.

También se registran las agresiones sufridas en los Yungas por la disidente del MAS Marlene Paredes, el ataque a familiares del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la toma violenta de su casa, así como el flagelamiento sufrido por el dirigente indígena Marcial Fabricano a manos de partidarios del presidente Evo Morales.

En el ítem “Arrestos arbitrarios” se describen los casos de Betty Aponte Justiniano, detenida durante 21 horas por insultar al ex ministro Quintana, así como los apresamientos irregulares de Jorge Melgar Quete y Reinaldo Bayard. La sección de “Prisioneros políticos” también detalla el caso del derrocado prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

El informe advierte sobre la interrupción del funcionamiento del Tribunal Constitucional, que no ha permitido fallos de ese órgano sobre “actos cuestionables del gobierno”.

En materia de “Libertad de expresión y de prensa” se indica que el gobierno mantiene una relación de enfrentamiento con los medios de comunicación. Se recogen denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), donde se habla de 112 ataques a periodistas. Igualmente, se mencionan la agresión policial contra un camarógrafo y la explosión de una bomba en el periódico El Potosí.

El documento señala la continua tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica, incluyendo comentarios del presidente Evo Morales donde califica a la jerarquía eclesiástica como “enemiga”.

Si todo lo anterior ya es más que suficiente para poner en rojo el balance de los derechos humanos en el país, la reciente campaña de detenciones contra opositores desatada en el 2010 proyecta una sombra aún más preocupante sobre la protección de las garantías y libertades civiles de los bolivianos.

lunes 17 de mayo de 2010

BALANCE POSITIVO DE LA PRESENCIA BOLIVIANA EN LA FERIA DEL LIBRO ARGENTINA

EL DEBER

"El País llevó Ciudadano X de Emilio Martínez y varias obras del poeta beniano Pedro Shimose".

http://www.eldeber.com.bo/vernotaescenas.php?id=100509225938

martes 11 de mayo de 2010

POLLOS CULPABLES

El Comercio (Quito, Ecuador)

¿Habría dicho lo que dijo Evo, si hubiera conocido la historia de los pueblos ancestrales de América? Tomás Eloy Martínez señaló que el Presidente de Bolivia “solo a los 15 años pudo aprender a hablar y a leer español”. Emilio Martínez (‘Ciudadano X, la historia secreta del evismo’) relata que Morales dijo “que ha aprendido más escuchando que leyendo”. E. Martínez en la obra citada escribió: “En el año 2001 circulaba un rumor muy fuerte en la Cámara de Diputados, que era repetido hasta por los ujieres, según el cual Evo Morales tenía preferencia por personas del mismo sexo”.

martes 4 de mayo de 2010

LIBROS DE EMILIO MARTÍNEZ EN LA FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES






"La masacre del Hotel Las Américas" y "Marea blanca" están a la venta en la edición 2010 de la Feria del Libro de Buenos Aires, que culmina el 10 de mayo. Ambos libros se encuentran en el stand Bolivia (Pabellón Azul, 419).

Enero de 2010 (EFE): Evo Morales tildó de "agente del imperialismo norteamericano" al escritor uruguayo Emilio Martínez, nacionalizado boliviano y autor del libro "Ciudadano X". Martínez respondió que sólo intenta ser "un agente de la verdad".

http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_100460_1.html

lunes 3 de mayo de 2010

EL FIN DE LA "GOBERNABILIDAD SOCIAL"

Emilio Martínez

Durante años, el MAS se jactó por boca de García Linera de ser el único partido que garantizaba la gobernabilidad social en Bolivia. En realidad, la conflictividad nunca desapareció durante el primer periodo de gobierno de Evo Morales, sino que fue redirigida mediante la polarización oriente-occidente, estimulada desde el poder y muchas veces realimentada torpemente por comportamientos reactivos de la oposición.

Así, los movimientos sociales fueron cooptados o manipulados para enfocar su capacidad combativa contra la burguesía cruceña, estigmatizada como oligárquica. Al producirse un repliegue político en las regiones contestatarias, cuyos principales dirigentes tuvieron que adoptar un bajo perfil obligados por las circunstancias, la tensión reapareció donde siempre estuvo estructuralmente: en las laderas empobrecidas de la hoyada y en diversos puntos del altiplano.

Agotado el discurso gubernamental de confrontación con “la derecha y los separatistas”, que no asoman cabeza por ningún lado, empezó a disiparse la nube de conflictos simbólicos o mediáticos creada por el evismo y los sectores populares comenzaron a ver su cruda realidad económica, signada por los bajos salarios, el desempleo creciente y periódicos brotes inflacionarios.

Los sucesos de los últimos días configuran una experiencia sui generis de lucha de clases: obreros en rebelión contra una nueva capa dominante, creada de la mixtura entre burócratas provenientes de las ONGs, representantes de la incipiente burguesía cocalera y sobrevivientes de la vieja élite paceña.

La única respuesta a mano por parte del gobierno parece ser la intensificación del menú “nacionalizador”, sin que esto parezca proyectar ningún efecto apaciguador sobre las crecientes demandas populares. Por el momento, la recuperación de la autonomía de los movimientos sociales apunta a ser la posibilidad más amplia de contestación democrática al intento de crear un régimen cerrado y hegemónico.